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La CNTE lleva casi 3 años y medio en lucha prácticamente constante contra la reforma educativa. Aún no sabemos cómo terminará el enfrentamiento —no se puede llamar de otra forma— que mantiene contra la autoridad por los cambios introducidos en el sistema educativo. Unas semanas la pugna sube de presión y en otras disminuye, pero regresa para intensificarse.
Desde el mes de junio los maestros disidentes de Oaxaca, Guerrero y Chiapas comenzaron con el bloqueo de carreteras como una medida adicional de presión. Por supuesto, la actividad económica fue la principal afectada: algunas comunidades quedaron aisladas, por lo que se han dado casos de desabasto de productos básicos y de combustibles; empresas de transporte de pasajeros suspendieron corridas a varias localidades, muchas compañías de diversos sectores comenzaron a tener pérdidas.
La semana pasada el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dio a conocer que el impacto económico que han dejado los bloqueos se estima en 4 mil 200 millones de pesos y que están en riesgo los procesos productivos de varias empresas, así como el sostenimiento de sus plantillas laborales. Sólo en la rama turística, se reportó la cancelación de 3 mil cuartos de hotel en Huatulco y caída de 17% en Chiapas.
Ayer la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) informó que sus agremiados, y empresas extranjeras, han frenado inversiones por 50 mil millones de pesos debido a las movilizaciones y bloqueos de la CNTE que afectan a diversas regiones.
¿Cómo afectará a esas regiones la decisión de industriales de ya no mirar hacia la zona del conflicto? La respuesta se conocerá en el futuro inmediato, pero es predecible: Oaxaca, Guerrero y Chiapas se mantendrán con los índices más bajos de desarrollo en el país. La vocación industrial de las entidades no despega, a pesar de que, después del alzamiento zapatista en 1994, se dijo que se darían apoyos para el avance de Chiapas; sin embargo, las actividades económicas principales de la entidad siguen siendo el turismo y el comercio; situación similar ocurre en los otros dos estados.
En México, como en todos los países del mundo occidental, la iniciativa privada —clave en la creación de empleos en el sistema económico en que nos desenvolvemos— requiere la certidumbre de que el dinero que destinará para instalar alguna fuente de trabajo no es una inversión que va en ruta directa al precipicio, además de que habrá garantía de que existe un genuino Estado de derecho. ¿Es mucho pedir?
