La violencia en México ha tenido muchas explicaciones: desde aquellas de que “si hay polvo es porque se está limpiando la casa”, hasta responsabilizar casi de manera total a Estados Unidos, pues el elevado consumo de drogas en esa nación ocasiona en territorio mexicano una lucha por la disputa de ese valioso mercado.

Con seguridad las anteriores afirmaciones tienen mucho que ver con la situación que ha imperado en el país prácticamente en lo que va del actual siglo. En este lapso varias estrategias y operativos se han desplegado para frenar el crimen. Son menos los sitios donde la situación se ha revertido, y más donde la violencia permanece casi sin cambios.

De acuerdo con información que se dio a conocer ayer en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, casi la mitad de los homicidios dolosos —que han mostrado una tendencia alcista en los últimos meses— se registra en 50 municipios, por lo que ahora las acciones para abatir el índice de criminalidad se focalizarán en esos lugares.

El plan incluye una estrecha coordinación con autoridades locales para lograr una estrategia de “atención integral”. Lamentablemente quizá este sea un punto débil. ¿No ha sido la ineficiente actuación de corporaciones locales lo que ha contribuido en parte a la expansión de grupos criminales en ciertas zonas del país? Se despliegan fuerzas federales en regiones conflictivas y luego de que se retiran con frecuencia vuelve a escalar la violencia. La presencia de efectivos federales o militares no puede ni debe ser permanente y a quien le corresponde atenderla en primera instancia es a la autoridad local.

Esa violencia que prevalece en algunas zonas deja varios estragos, uno de los principales es el económico. El Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer el Índice Global de Paz 2016, avalado por la ONU, en el que señala que el impacto que causa la criminalidad en la economía equivale a 13 por ciento del producto interno bruto. En el estudio, México se coloca en los últimos lugares: de 163 países evaluados, se ubicó en el lugar 140. Para llegar a esa conclusión se analizaron varios indicadores divididos en tres rubros: refugiados y desplazados por la violencia, militarización y presencia policiaca y conflictos internacionales.

La investigación trae una premisa básica: “Mientras más militarización o solicitud de policías haya en un país, más bajo será su nivel de paz”. ¿Podrán los estados y municipios atender el tema de seguridad sin recurrir a apoyos federales? Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey lo han logrado, pero otros municipios no. Es correcto focalizar en 50 ciudades el combate al crimen, pero no basta con ello, el cambio en las estructuras policiacas locales debe ser uno de los principales objetivos.

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