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Hace más de 30 años México decidió insertarse como miembro activo de la comunidad internacional, comenzó ingresando al GATT, una organización antecedente de la actual Organización Mundial de Comercio, firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se adhirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se encuentran las economías más desarrolladas del mundo. Esas y otras acciones significaron poner la vida pública bajo la lupa de la comunidad internacional.
Así, nos han evaluado —especialmente la OCDE— en educación, ingreso, cobro de impuestos y penetración de banda ancha, por citar algunos rubros.
En los resultados de ese y otros estudios México arroja serias deficiencias, lo cual debe utilizarse de manera positiva para trabajar en ello, corregir errores y reforzar lo que se hace bien.
En estas evaluaciones periódicas también se ha medido el desempeño en materia de respeto a derechos humanos. La ONU y organizaciones civiles han documentado la grave situación que en ese tema prevalece en el país.
Ayer se sumó un grupo de congresistas de Estados Unidos, que expresó su preocupación por la “crisis” de derechos humanos en México y pidió al secretario de Estado, John Kerry, que el tema sea prioridad en la agenda bilateral. Consideraron que hay una continua falta de justicia para miles de víctimas y le piden actuar “de forma urgente” para hallar una solución.
La carta no aporta datos nuevos, pero remarca hechos que no dejan lugar a duda de lo que expone. En los últimos 10 años México ha vivido casos emblemáticos: desde personas que resultaron muertas por confusión en algún retén militar, hasta la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. Además de los 27 mil desaparecidos que hay en el país desde 2007, de acuerdo con datos oficiales, que fueron citados por los congresistas.
Al gobierno mexicano ya no le conviene salir a tratar de matizar el problema o de entrar en una espiral de dimes y diretes sobre las cifras y la situación expuesta en la carta. Tampoco conviene señalar que en Estados Unidos la comunidad afroamericana ha visto vulnerados sus derechos humanos. Ni enfrascarse en una discusión sobre si es sólo un “problema” o una “crisis”. Una estrategia más adecuada es la que se ha adoptado últimamente: aceptar los hechos y asumir el compromiso de que se trabaja para erradicar esos casos (como lo ha expresado el Ejército ante videos que exhiben a militares torturadores).
México parece encaminado en la ruta correcta con una sociedad civil fuerte y con un sistema de justicia penal distinto al que imperó por décadas. Sin embargo, es cierto que nada de eso por sí solo garantiza justicia y respeto a derechos humanos. Se requiere hacer valer la ley y en eso el gobierno debe llevar la voz cantante.
