La IP, ¿candil de la calle?

Las cúpulas empresariales mexicanas han tenido un amplio involucramiento en temas relevantes de la vida política de las últimas semanas; entre ellos, la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción y las movilizaciones que ha realizado la CNTE contra la reforma educativa.

El sector privado ha sido claro al demostrar su rechazo a que los legisladores los hayan incluido como sujeto obligado de la llamada ley #3de3; expresaron incluso su oposición ante el Presidente de la República, con lo cual lograron un ajuste a la iniciativa. Hace unos días se ampararon contra la omisión del gobierno federal por los bloqueos a carreteras que mantienen maestros opositores a los cambios en el sistema educativo. Algunos empresarios plantearon incluso la posibilidad de no pagar impuestos debido a las pérdidas que han dejado las protestas. En respuesta, el Servicio de Administración Tributaria aclaró que habrá sanciones contra aquellos empresarios que eludan sus obligaciones fiscales.

Nada malo tiene lo anterior, incluso es lo que debe esperarse de una sociedad educada, politizada e interesada en la vida pública del país. La participación, y no la apatía, es uno de los elementos que se requieren para mejorar cualquier aspecto de la vida del país.

El dirigente de Coparmex rechazó ayer que sean enemigos del gobierno, aunque insistió en que no serán cómplices de la impunidad que generan las omisiones de la autoridad.

Los empresarios, dentro del marco de la legalidad, han hecho llamadas de atención importantes a lo que hace o deja de hacer el gobierno; sin embargo, son candil de la calle y oscuridad de su casa, pues olvidan que en sus filas el cumplimiento de la ley también debe ser el aspecto central de su comportamiento.

La semana pasada se conoció que la deuda de grandes empresas con el fisco creció el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 127 mil millones de pesos a 140 mil millones. Ayer se informó también que hay empresas importadoras que reportan un precio de compra menor al real, para pagar menos impuestos sobre sus transacciones, o declaran un costo mayor al real con el fin de lavar recursos que quizá no obtuvieron de una forma lícita.

Uno de los compromisos de la iniciativa privada con el desarrollo del país debe ser el pago puntual de los impuestos, como el que hacen todos los mexicanos pero, por el contrario, parecen alejarse de ello y muchas compañías contratan incluso equipos de profesionales que buscan el menor resquicio para evadir pagos al fisco, además de recurrir a prácticas como el outsourcing, o contratación vía terceros, para escamotear prestaciones al trabajador. El juego debe ser parejo.