La jornada electoral de este domingo en 14 estados del país se desarrolló con apenas unos incidentes menores; de manera general se puede afirmar que fue un proceso con saldo blanco, en el que la ciudadanía cumplió y acudió a emitir su voto —en unas entidades en mayor proporción que otras— para elegir a sus próximos gobernantes.

Pero quienes incurrieron en los mismos vicios que han caracterizado a los últimos procesos electorales fueron candidatos de uno y otro partidos, los cuales, imbuidos de espíritu triunfalista (¿o para generar confusión?) salieron a declararse ganadores de los comicios en sus respectivos estados. Ante la guerra de cifras no oficiales, el Instituto Nacional Electoral tuvo que demandar un alto a la “irresponsable” autoproclamación de victorias.

Después de campañas en las que las propuestas fueron borradas por las acusaciones de desvío de recursos, pederastia, infidelidades, además de insultos y descalificaciones, anoche los candidatos se anticiparon a cualquier resultado oficial y se declararon ganadores, hecho que en nada contribuye al ambiente político de respeto que debe prevalecer en cualquier justa electoral.

En varios estados, por ejemplo, a dos o tres minutos de concluido el proceso los candidatos de los partidos PRI y PAN-PRD salieron a protagonizar otras batallas de declaraciones triunfalistas que nada aportaron para el desenlace civilizado de una justa política.

Lo que la ciudadanía ha demandado por años es que partidos y aspirantes acepten sus derrotas basadas en los resultados oficiales.

La ley por supuesto que les proporciona herramientas para proceder ante irregularidades que hayan sido detectadas y están en su derecho de acudir al tribunal electoral para exigir la limpieza del proceso. La normatividad es muy clara en las obligaciones que deben cumplir los postulados a cualquier cargo de elección. La reposición de las elecciones en Colima, celebradas a principio de este año, es una muestra de que se puede confiar en la autoridad. Sin embargo, la presentación de evidencias será fundamental para no tratar únicamente de descalificar por descalificar.

Cualquiera que sean los resultados, los candidatos y sus partidos deben aceptarlos y en caso de impugnarlos la ley les marca detalladamente cuáles son los pasos que se deben seguir para iniciar el proceso de reclamación. Ese es el camino que la democracia mexicana necesita.

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