Activismo político de la Iglesia

El Articulo 130 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que asienta el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, dice textual, en su inciso E, que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna...”.

Contraviniendo dicho artículo, e incurriendo por ende en una ilegalidad, varios representantes de la Iglesia católica llamaron, en las semanas previas a los comicios del 5 de junio, a no votar por el PRI a causa de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado el 17 de mayo para que en la Constitución se reconozcan los matrimonios igualitarios y la adopción por parejas del mismo sexo.

En un mensaje en video de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), fechado justamente el 17 de mayo, el organismo hace un primer pronunciamiento en el que llama a respetar el ‘matrimonio natural’ y a luchar por el bien común. Ese sería el inicio de los llamados de obispos y arzobispos a castigar en las urnas al Revolucionario Institucional, en un país donde 82.9% se declaraba católico en 2010, según el Inegi. De forma abierta o velada, representantes de la Iglesia católica en los 13 estados donde hubo elecciones exhortaron a los feligreses a acudir a votar y optar por quienes garantizaran el ‘bien común’, e incluso varios afirmaron que se consideraba pecado no ejercer ese deber cívico.

Doce días antes de las elecciones, el 24 de mayo, la CEM fue más directa e convocó a los ciudadanos a defender la visión de la familia. Desde entonces se comenzaría a replicar el mensaje en templos, reuniones con laicos y hasta en conferencias de prensa o entrevistas.

El mismo 5 de junio, día de la jornada electoral, a través de la publicación Desde la fe, la Iglesia aseguró que los católicos estaban preocupados por la iniciativa del Presidente, en la que se privilegian los caprichos homosexualistas y se trata a los niños como mascotas. Días después, el 8 de junio, el Consejo Ecuménico de México se manifestó abiertamente contra la iniciativa presidencial.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, y ya conocidos los resultados electorales, en los que visiblemente el PRI resultó el partido más desfavorecido por el voto, la Arquidiócesis Primada de México, en el editorial de hoy de su semanario Desde la Fe, titulado Merecido voto de castigo vuelve a la carga al exigir al Presidente y a su partido que se retire la propuesta de otorgar ‘falsos derechos’ a las personas con preferencias homosexuales, y que ‘respete a la sociedad’.

Independientemente de que estos llamados desde la Iglesia hayan o no influido en el voto de la gente —lo cual no es posible saber a ciencia cierta— y dejando de lado que la iniciativa objeto de ataques resulte controvertida y pueda gustar o no a buena parte de la sociedad, este activismo político de la Iglesia, además de configurar una violación a la ley, es inaceptable en un Estado que en sus leyes se asume como laico. Ninguna Iglesia debe involucrarse en política ni es, aunque pretenda erigirse como tal, vocera de la sociedad.