El narco y Ayotzinapa

En la masacre de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 el narcotráfico ha sido siempre uno de los actores principales, al igual que la corrupción de las autoridades municipales y policiacas. La pugna entre dos grupos criminales es el motivo más aceptado hasta ahora por el cual habrían desaparecido los 43 normalistas de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, como es el motivo por el que desaparecieron 11 jóvenes en 2013 en el bar Heaven, en la ciudad de México, o recientemente cinco muchachos en Tierra Blanca, Veracruz.

El caso Iguala, emblemático dentro y fuera del país por involucrar a 43 jóvenes estudiantes, ha estado rodeado de intereses en ocasiones alejados de la justicia: desde los políticos que en un principio buscaron que el asunto saliera de las esferas local y estatal para que se trasladara al ámbito federal, hasta los que consideran que “fue el Estado” y por lo tanto la administración actual es responsable casi única de los hechos.

Al caso se suma ahora un nuevo elemento. En un video que circula en redes sociales y del cual EL UNIVERSAL da cuenta, presuntos integrantes del grupo criminal Los Rojos difundieron un material en el que Guerreros Unidos, banda antagónica que opera en Iguala, amenaza a un padre de familia de los 43, por no entregar “los recursos” (200 mil pesos) que el crimen habría entregado para los padres de las víctimas.

El abogado Vidulfo Rosales reconoció la existencia de una llamada —recibida el 2 de marzo— en la que Mario González le refiere haber recibido amenazas de presuntos integrantes de Guerreros Unidos por no haber entregado aún “los recursos”, pero supuso que la alusión era a un recurso recibido del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que generó “alguna inconformidad”. Más de un mes después del hecho, anuncia que la próxima semana interpondrán una denuncia para que se investigue la amenaza recibida. ¿Era necesario esperar a que presuntos delincuentes dieran a conocer el video para presentar la denuncia?

Durante año y medio el caso ha servido para que muchas partes interesadas lucren con él. Por esta razón, ahora que surge la versión de esta presunta donación de 200 mil pesos de un grupo del crimen organizado a los padres de familia, es urgente la necesidad de que todo quede esclarecido.

En la búsqueda de un culpable muchos intereses están en juego y muchas partes se están quedando con trozos de historia que no se conocen hasta que detonan. En la honesta demanda de justicia de los padres de los 43, nada justificaría el menor vínculo del movimiento —que ha recibido el respaldo nacional e internacional— con el narcotráfico. La situación tiene que ser explicada y el deslinde debe ser claro.