Iniciaron ayer las campañas para las elecciones que se realizarán el próximo 5 de junio y en las cuales se renovaran las gubernaturas de 12 estados. Todos los candidatos dijeron, por supuesto, que la suya sería una campaña de propuestas y de ideas. Eso está por verse. Lo común hasta la fecha ha sido el ataque por debajo de la mesa y la descalificación de las personas, no de sus proyectos.

Las elecciones que se llevaron acabo el año pasado se caracterizaron por el arribo de los candidatos independientes y en esta ocasión varios más se han sumado a la lista. La pertenencia a un partido político se ha convertido en un lastre en algunas entidades, comprensiblemente, porque la forma tradicional de hacer política ha resultado en pobres desempeños a la hora de que los ganadores en una elección asumen el cargo.

Por desgracia, no parece que todos los partidos ni todos los candidatos hayan entendido este mensaje de la ciudadanía, expresado no sólo en el éxito de las candidaturas independientes sino, desde siempre, en el altísimo nivel de abstencionismo que las elecciones no presidenciales padecen.

Aun cuando todos los políticos tienen acceso a estudios de opinión pública que les muestran la aversión de las mayorías hacia ellos, en el más reciente proceso electoral de 2015 eligieron recurrir al espionaje para sacar audios comprometedores en contra de al menos cinco candidatos. Nada malo hay en denunciar un acto de corrupción cometida por el contrario, sin embargo, se extrañó que a la par hubiera un esfuerzo de todos por abrirse al escrutinio.

¿Cuántos de los actuales candidatos, en un ejercicio de congruencia, admitirán una revisión a sus cuentas, a sus pertenencias y a su pasado? El año pasado, de los 66 candidatos que disputaron cargos a gobernador, sólo nueve presentaron su declaración patrimonial con documentos, 11 hicieron un informe de bienes sin soporte con datos oficiales y 24 prometieron abrir la información, pero sin dar fecha específica. El resto no reveló nada.

Para ser justos hay que decir que la presión ciudadana no ha estado a la altura de las necesidades. Miles han acudido a las calles para romper récords absurdos, pero apenas unas decenas se concentran cuando el motivo es demandar, en general, mayor transparencia y rendición de cuentas de los políticos. Criticar desde las redes sociales no es suficiente.

Afortunadamente algunas organizaciones civiles han tomado la bandera. Destaca la iniciativa llamada 3de3, impulsada por el IMCO y Transparencia Mexicana, referente a la declaración de bienes, fiscal y de intereses que se le debería exigir a todo aspirante a un cargo público. Con dos agrupaciones con credibilidad como éstas, ¿qué político cuestionaría la imparcialidad del ejercicio?

Se acaban los incentivos para hacer la tradicional campaña basada en spots y ataques personales. Está en manos de los actuales candidatos y sus equipos devolverle un poco de dignidad a su trabajo.

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