Qué fácil es ser estado

En este 2016, por primera vez en siete años, se usaron recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas para cubrir la caída en los recursos que los estados suelen recibir gracias a la venta de petróleo.

El fondo se constituyó en 2009 para ahorrar cuando el precio del crudo fuera alto y contar con ingresos que compensaran menores transferencias durante tiempos de vacas flacas como el actual. Ayer Hacienda anunció la entrega a los estados y los municipios de 10 mil 300 millones de pesos.

Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, acompañó la información con un llamado a los gobiernos locales: ajusten su gasto con miras a 2017 porque no habrá en ese año más recursos que ahora. Fue una manera amable de decirles: ¿cuántos de ustedes, señores gobernadores, han mejorado sus ingresos locales; generado una mayor recaudación o cortado su gasto en previsión de futuras complicaciones?

Aunque en los últimos años ha habido avances en la recaudación a nivel nacional, el país aún está rezagado. Los miembros de la OCDE obtienen en promedio 34.4% del PIB, mientras que en México la proporción apenas es de 19.5%. La reacción inmediata es echar la culpa a los legisladores federales y a la administración central, pues de ellos es la autoría de la más reciente reforma fiscal. Sin embargo, ¿dónde está la recaudación a nivel estatal para la cual están facultados gobiernos de estados y municipios?

Prácticamente todos los recursos que ejercen las entidades del país provienen de las transferencias federales; sin éstas, su situación financiera sería insostenible.

Hasta ahora, cuando la Federación no los rescata de sus dificultades, los gobiernos estatales recurren a créditos bancarios que después heredan a sus sucesores. La población, vía el erario, termina pagando por el despilfarro.

Es momento de que los estados flojos comiencen a considerar incrementos en impuestos locales como el cobro del predial o de otros servicios para compensar la disminución de recursos disponibles, además de apretarse el cinturón con programas de austeridad y recortes al gasto.

Desde luego, cobrar impuestos no gusta a nadie. Incrementarlos es garantía de impopularidad, costo que los políticos locales buscan evitar a cualquier precio, incluido el de hipotecar el futuro de su estado.

El día en que las entidades dejen de tener la herramienta fácil de estirar la mano a la Federación, no tendrán otra opción que hacer su trabajo.