Más Información
Un año y medio después de que 43 estudiantes desaparecieran en Guerrero, lo único que se sabe sobre ellos, con absoluta certeza, es que fueron secuestrados por un grupo coordinado de policías y criminales; que sólo uno de los alumnos ha sido plenamente identificado con pruebas genéticas (de otro, los análisis arrojaron 70% de probabilidad), y que la PGR sospecha que 17 de ellos pudieron haber sido incinerados en un basurero.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) logró que el caso no quedara como cosa concluida cuando el ex procurador Jesús Murillo Karam salió ante los medios a declarar la supuesta definitividad de las conclusiones oficiales. ¿Cuál era el origen de la supuesta certeza de que los 43 habían sido, todos, asesinados, quemados en un basurero, y sus restos aventados a un río? Declaraciones de detenidos arrojaron contradicciones entre sí. Prueba insuficiente bajo cualquier estándar policial internacional.
Es después de este punto donde los ánimos se desbordan. El GIEI acusa en su último informe, presentado ayer, que se emprendió en su contra una campaña de desprestigio y recrimina al gobierno federal haber obstruido parte de sus investigaciones. Por el contrario, los funcionarios recuerdan que la iniciativa de traer a los especialistas internacionales al país fue del propio gobierno, el cual incluso extendió el plazo de permanencia una ocasión.
Llegado este nivel de diferencias, las posturas parecen irreconciliables. Sin embargo, el informe final del grupo de expertos aporta elementos que el gobierno federal no tiene manera de desestimar y sobre los cuales la sociedad exigirá respuestas. Dos recomendaciones destacan entre las más de 600 páginas del documento: la urgencia de desmantelar el burocratismo del sistema de justicia mexicano (expresado con mayor crudeza en la lentitud e ineptitud padecidas por los familiares de los víctimas), y la exigencia de que se agoten todas las fuentes de información que, por una u otra razón, el gobierno no analizó en aquel 2014 cuando aseguraba que ya tenía sustentadas sus conclusiones.
El GIEI se va de México, pero quienes se quedan no se conformarán con cualquier explicación. En ese sentido, está de más temer un antes y un después en la urgencia de hallar explicaciones al caso Ayotzinapa a partir de hoy. En lo que ambas partes coinciden, PGR y especialistas internacionales, es en que Ayotzinapa no es un caso cerrado.
Con o sin grupo internacional de expertos funcionando en el país, el GIEI ha dado a la sociedad los elementos de juicio necesarios para contrastar cualquiera que sea la próxima —ojalá definitiva— versión oficial. Es irreversible la principal aportación del grupo: la amplia difusión de que se está ante un caso complejo. Este escenario abre ahora la oportunidad para que la autoridad no cierre el caso hasta que todos los involucrados estén detenidos y todas las preguntas hayan sido respondidas.
