Campañas sin sangre

Hace un año, transcurridas apenas tres semanas de las campañas rumbo a las elecciones que se realizaron el 7 de junio de 2015, habían sido asesinados siete políticos —tres candidatos, dos precandidatos, una dirigente partidista municipal y un asesor político—. Entre los estados con comicios estaban entidades con serios problemas de seguridad como Guerrero y Michoacán. Hoy, a casi dos semanas de arrancada la contienda electoral de este 2016, el escenario no parecería tan grave en comparación.

Sin embargo, cuando se trata de crimen y violencia, nada es completamente previsible. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo un encuentro con los 12 gobernadores que tendrán comicios el próximo 5 de junio, con el fin de generar una estrategia conjunta para garantizar que nada ponga el riesgo el proceso electoral.

Lo que ocurrió hace dos semanas, cuando comerciantes establecidos en la zona costera de Acapulco llamaron a los delincuentes a un pacto de la paz, es sintomático del grado de indefensión que siguen padeciendo los mexicanos en esos municipios del país donde nadie detiene a los criminales. Éstos buscan precisamente que los políticos y la sociedad estén ansiosas de tranquilidad a cambio de impunidad. El resultado es siempre el mismo: el candidato y eventual presidente municipal o gobernador “compran” paz durante un tiempo; pero cuando por alguna razón el acuerdo se rompe —ocurre tarde o temprano— el grado de violencia es aun mayor que si la decisión de combatir a los delincuentes se hubiese tomado desde el principio. Lo peor es que el político termina su periodo y se va. La ciudadanía se queda para vivir con las consecuencias.

La reunión celebrada ayer, cabe suponer, sirvió para hacer diagnósticos de la situación en cada región. Ojalá dentro de dichos escenarios los mandatarios incluyan la protección a todos los actores y no sólo a quienes ellos consideran más vulnerables. Para el voto duro —a veces violento también— de los políticos, menos ciudadanos independientes dan mayor peso a las estructuras partidistas, las cuales suelen ser más fuertes en favor del gobernador en turno. La violencia sería, sin duda, un detonador de ausencia en las urnas.

La delincuencia organizada no parará de intentar hacerse del control del poder político para garantizar sus negocios ilícitos. Los filtros de los partidos, de aún incierta eficacia, no deberían ser los últimos. Antes de llegar al 5 de junio, bien haría la Federación en observar a los punteros, pues conforme se acerque la elección mayor será el riesgo de que se los criminales se acerquen a buscar un arreglo. La prioridad es evitar que el próximo gobernante tenga que elegir entre plata o plomo.