El Congreso ha quedado a deber medidas para paliar un tema central en México: la seguridad. En noviembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto, a dos meses de ocurridos los hechos violentos de Iguala, en el que desaparecieron 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, lanzó un decálogo que buscaba mejorar las condiciones de seguridad en el país. ¿Funcionaron las medidas? No lo sabemos porque la mayoría de ellas no se ha puesto en marcha.

Lo peor que podía pasar en este tema está ocurriendo: parálisis e inactividad. En esto han tenido responsabilidad importante los legisladores. Tres periodos de sesiones han pasado y las medidas han quedado en la congeladora.

En vísperas del inicio de un nuevo periodo de sesiones, el secretario de Gobernación pidió a PRI y al PVEM aprobar las medidas en materia de seguridad y justicia, que comprenden, entre otras, la creación de un Mando Único policial en cada estado y la posibilidad de desaparecer los poderes del Estado en municipios infiltrados por el crimen organizado.

La creación del Mando Único policial divide opiniones: por un lado hay voces que destacan la facilidad que representaría controlar 32 corporaciones policiacas en lugar de alrededor de 2 mil municipales, pero desde otra perspectiva hay quienes temen que con el surgimiento de policías estatales simplemente se agrave el problema de infiltración del crimen o que sean manejadas al gusto del gobernador en turno o con fines políticos.

Sobre la desaparición de poderes en municipios infiltrados por el crimen, el asunto se torna más complejo. Requerirá de pruebas contundentes para tomar una decisión de esa magnitud. Sin embargo, los casos presentados en Iguala, con José Luis Abarca, y ahora en Morelos, con la decisión de presidentes municipales de desconocer al Mando Único, obligan a legislar el tema.

Ante el inicio de actividades legislativas, es hora de definir prioridades en el Congreso. Todas las iniciativas son necesarias (la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, la discusión sobre la eventual legalización de la marihuana, etcétera), pero la seguridad de la población debe estar entre las medidas urgentes. Aunque dos partidos tienen los votos necesarios para sacar los proyectos, lo recomendable es que las decisiones sean resultado de una discusión entre diferentes puntos de vista y que se logre un proyecto consensuado. La seguridad ya no puede esperar.

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