Parquímetros, ¿nada qué ocultar?

La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal admitió a este diario que tiene “guardados” 116 millones de pesos obtenidos por parquímetros cuyo destino debería ser el pago de proyectos de mejora urbana para las colonias donde están instalados esos aparatos.

Ese era un agravio. Ahora se suma uno nuevo: no sólo ha habido demora en la entrega de los recursos, además éstos han sido usados para fines distintos al de mejorar la calidad de los deteriorados espacios públicos de esta ciudad. Las autoridades capitalinas han puesto el dinero de la gente en instrumentos financieros que reditúan intereses, millones de pesos extra que no se canalizan directamente hacia los vecinos a quienes les fue jineteado el dinero.

La decisión sería justificada si el fin del gobierno fuera que los recursos para la ciudadanía se incrementaran por encima de la inflación mientras no se usan. No es esa la intención porque los intereses no se devuelven a la bolsa de donde salen los proyectos para mejora urbana.

Parece que el esquema tripartita de Ecoparq está bien diseñado para dar ganancias a las empresas de parquímetros y al gobierno capitalino, no tanto a los vecinos que tienen en sus calles el sistema. ¿Será que existe la intención de no liberar los recursos para así poder generar intereses? Si bien puede que no haya un plan deliberado en ese sentido, cuando menos el incentivo ahí está, es innegable.

Cuando se estableció el modelo Ecoparq se dijo que 30% de las ganancias irían a proyectos que serían decididos desde un comité integrado por ciudadanos. Sin embargo, este diario hizo un balance del tema la semana pasada y halló que sólo la mitad de los 236.8 millones de pesos recaudados de 2012 a noviembre pasado, habían sido ejercidos para dichas iniciativas.

Vecinos se quejan del alto costo o de la calidad de las obras realizadas, así como de lentitudes burocráticas. Si el gobierno capitalino no se esfuerza en dejar claro el asunto, se generará la percepción de que los entorpecimientos son deliberados.

Al final, el problema es de transparencia. Conviene a la autoridad porque de esa manera no tiene que informar sobre el destino verdadero de los recursos, que bien puede ser tapar baches, pero también pagar favores o tareas proselitistas.

Sirvan las sospechas que genera el uso discrecional de los recursos públicos para que los funcionarios demuestren que no tienen dada que ocultar.