Ayer se realizó la consulta para saber lo que la ciudadanía piensa sobre el proyecto corredor Chapultepec del Gobierno del Distrito Federal, que buscaba renovar la gastada avenida del mismo nombre. El resultado fue que la mayoría respondió “No” a la pregunta “¿Debe o no debe realizarse el proyecto del ‘Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa’ en el tramo comprendido entre Lieja y la Glorieta de Insurgentes?”. Queda ahora la duda de cómo reaccionar ante el resultado y qué tan útil es el mecanismo cuando se trata de iniciar obra pública.

Salvo algunas quejas, como ocurre siempre en cada proceso electoral, el reporte fue que el ejercicio se realizó en calma, con muy poca participación respecto del total de personas inscritas en el padrón, pero exitosa si se considera que esta es la primera vez que se organiza una consulta para decidir sobre un proyecto gubernamental, con todos los rigores que requiere un evento administrado por el instituto electoral local.

Será interesante seguir en próximos días la reacción frente al resultado de autoridades y de las personas que activamente se habían opuesto al proyecto. Más allá de los valores intrínsecos de las herramientas de democracia directa, hay argumentos a considerar antes de actuar conforme al “pensar” de la ciudadanía.

¿Significa este resultado que no quieren la totalidad del proyecto o es acaso que no desean solo uno de sus aspectos? ¿Debería desistirse el gobierno capitalino de cualquier remodelación de una avenida que está deteriorada? Interpretar los deseos del pueblo es imposible con un ejercicio electoral, menos cuando participó menos de 5% del padrón con domicilio en la delegación Cuauhtémoc, e incluso si fuera posible medir las percepciones ciudadanas queda en el aire la pregunta de si todas las grandes obras tendrían que ser consultadas con los habitantes.

El corredor suscitó la inconformidad de un grupo de vecinos que argumentó, entre otras cosas, que el proyecto en realidad buscaba sólo la comercialización del espacio público. Los encargados del Corredor, por el contrario, mostraron un diseño en el que el costo para el erario sería mínimo, debido a la inversión privada. Es decir, al final la valoración sobre si la obra era conveniente o no para la sociedad dependía de una valoración subjetiva cuya comprobación sólo podría darse en el futuro, con el éxito o fracaso del proyecto.

Someter a la opinión de la ciudadanía obras en el espacio público parecería una buena idea en general, de no ser porque ello incrementa el costo para el erario mismo y desincentiva la toma de decisiones en temas que podrían ser benéficos para la gente, pero difíciles de vender como tales.

La consulta fue un gran experimento, que hizo ejercitar a los mecanismos de participación ciudadana y ofrece un modelo para ejercicios por venir. Sin embargo, para futuros conflictos habrá que distinguir muy bien entre resistencias cotidianas y malestar social generalizado, porque no todo amerita una consulta.

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