Aún no se acaba el año y en Estados Unidos se han producido 353 casos de personas que han abierto fuego contra civiles, ya sea en centros comerciales, en escuelas, en la vía pública, o incluso en transmisiones de televisión en vivo, de acuerdo con el conteo que lleva la página shootingtracker.com. Esos actos tienen su origen, en gran medida, en la profusión de armas y en la facilidad para adquirirlas: desde tiendas especializadas hasta en supermercados.

La lucha por poner límites a la venta de armas en el país vecino es tan añeja como complicada, pues los fabricantes y organizaciones como la poderosa Asociación Nacional del Rifle se escudan en el derecho que otorga la Constitución al ciudadano de poseer armas para su defensa personal o actividades recreativas, por lo que se oponen a cualquier intento que limite o amplíe controles a la adquisición de armamento.

El actual gobierno de Barack Obama ha pedido, sin éxito, medidas más estrictas; el miércoles, luego del más reciente atentado contra civiles, en el que murieron 14 personas, en San Bernardino, California, el mandatario destacó la contradiccción de que Estados Unidos tenga una lista que niega a ciertas personas la posibilidad de abordar un avión, pero en cualquier momento esas personas pueden ir a un establecimiento a comprar un arma de fuego, sin que se pueda hacer algo para impedirlo.

Detrás de la negativa a restringir la venta de armas se encuentra únicamente el interés de una industria que no ve el beneficio social, sino el propio, a pesar de que datos del Departamento de Justicia y del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos señalan que entre 2001 y 2011 los tiroteos dejaron 40 veces más muertos que los ataques considerados “terroristas” por las autoridades.

La influencia económica de esa industria llega al Congreso estadounidense. El Senado votó justo ayer en contra de ampliar las revisiones de antecedentes de las personas que adquieren armas, a pesar de los llamados en contra de Obama.

La laxitud en la venta se ha convertido en un peligro no sólo para EU; México ha padecido también las consecuencias de ser vecino del principal fabricante de armas en el mundo. Los grupos del crimen organizado han hecho de las armerías ubicadas en la frontera el principal abastecedor ilegal de pertrechos, con el consabido efecto en el poder de fuego de la delincuencia.

Estados Unidos vive una realidad de violencia —sustentada en cifras— que reclama controles en la venta de armas. Pero ante la negativa a cualquier cambio, sólo caben los deseos de que se corte el flujo hacia México y de que cuando acepte la necesidad de una mayor restricción no sea demasiado tarde.

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