En una zona residencial de Santa Fe inició la reparación de un talud afectado por deslaves, pero habitantes de al menos ocho viviendas afectadas por derrumbes en la barranca de Santa Rita, delegación Cuajimalpa, dicen que llevan tres meses sin ser atendidos. En un recorrido de EL UNIVERSAL por la zona, otros vecinos afirman haber denunciando el riesgo por deslaves, sin que haya resultados. ¿A quién le toca hacer algo? ¿Por qué la tardanza?
Las autoridades capitalinas, delegacionales y federales tienen en sus manos un problema que data de décadas, de cuando los asentamientos humanos se crearon sin consideraciones de seguridad. Mover a cientos o miles de personas de casas donde han vivido años, como los mismos habitantes dicen a este diario, no es nada sencillo. Curiosamente, las propias cifras oficiales dan cuenta de una mejoría que hasta este momento no han trascendido.
Cerca de 25 millones de personas eran consideradas habitantes de zonas de riesgo en todo el país en 2004, de acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Diez años después la misma instancia aseguró que 5% de la población en el país estaba en esa situación, es decir, casi 6 millones de personas.
Asumiendo que la metodología de medición sea la misma en ambos casos, pese a tratarse de gobiernos de partidos políticos diferentes, estamos hablando de una mitigación de 80% del problema en sólo una década.
El Programa Prioritario de Proyectos de Delimitación de Zonas Federales 2010 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía como meta en 2012 retirar al menos a 10 de los 14 millones de mexicanos que radican en zonas de alta vulnerabilidad. Quizá ese desafío se cumplió y el hecho de que no hubiera muertos reportados el día posterior al paso del huracán Patricia se debió tanto a la prevención como a la mejor situación de vivienda de los mexicanos en general.
El problema es que no lo sabemos porque esa correlación no la ha difundido una fuente oficial. Es parte de una falta de coordinación que ha salido a relucir a partir del choque de competencias entre gobiernos de distinto nivel en Cuajimalpa.
El Programa nacional de Protección Civil 2014-2018, publicado el 30 de abril del año pasado, alerta: “históricamente se ha dejado en manos de las Fuerzas Armadas la atención del desastre, minimizando las acciones de prevención y la capacidad de todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y de la sociedad”.
Eventos como los de Santa Fe son un recordatorio oportuno de que algo más se puede hacer, antes de una tragedia.