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A partir de hoy se puede dimensionar la importancia del fallo de la Suprema Corte, que otorgó amparos a cuatro personas para que pudieran, libremente, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y consumir marihuana. Una interpretación de la Constitución está determinando la política pública en materia de drogas, ¿acaso no tendría que ser el gobierno y el Congreso los que tomen la batuta? Rehuir al tema no va a cambiar la realidad.
Siguiendo un mandato de la Corte, ayer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó autorizaciones a cuatro personas para que, a partir de hoy, puedan ejercer sus derechos protegidos por la Suprema Corte. Uno de los beneficiarios, Juan Francisco Torres-Landa, explica de la siguiente manera las implicaciones del fallo:
“Yo puedo traer conmigo o transportar cinco kilos o toneladas y mientras sea para consumo personal la autoridad no puede hacer absolutamente nada. El oficio de la Cofepris no contiene ninguna restricción, porque carece de facultades para hacerlo”.
¿A quién le corresponde establecer esos límites que hoy día no tienen las cuatro personas amparadas? A los legisladores federales. Quieran o no debatir sobre el tema, estén o no de acuerdo con el consumo de la hierba, es un hecho que se creó un vacío legal que no se llenará solo.
Hay argumentos que deben ser tomados en cuenta antes de elaborar nuevas leyes, como el esgrimido en días pasados por el titular de Cofepris, Mikel Arriola, y el comisionado contra las adicciones, Manuel Mondragón, respecto de la incapacidad del Estado para atender el abuso de las drogas entre la población. Sin duda esa debilidad es un problema.
No es seguro, sin embargo, que el consumo de marihuana se dispare a partir de una regulación legislativa. La experiencia internacional, desde Uruguay hasta Portugal, indica que la disponibilidad no es directamente proporcional con el grado de consumo. De hecho, el propio nivel de uso de la droga en México a nivel nacional (cerca del 1% de la población según la última encuesta Nacional de Adicciones del Inegi) habla de que la facilidad de compra es apenas un factor en la ecuación.
Si la legalización de la marihuana combate o no al crimen será otra arista a analizar. Mientras tanto, es un hecho que el Legislativo no puede quedarse de brazos cruzados frente a la posibilidad de que cuatro personas —o mil en el futuro, si otros consiguen amparo— puedan cultivar legalmente hectáreas de hierba y transportarla por toneladas.
Están a tiempo los políticos de tomar la batuta.
