La élite judicial

¿Cuánto es mucho dinero para un servidor público? En México los legisladores, funcionarios y jueces han mantenido ingresos muy por encima del promedio de la población bajo el argumento de que con eso se asegura la calidad de su trabajo y les otorga una especie de “blindaje” frente a la corrupción. Ambas afirmaciones carecen, desde luego, de evidencias que las sostengan.

El Poder Judicial de la Federación desembolsará este fin de año 841 millones 281 mil 222 pesos solamente para el pago de las tres principales prestaciones con las que cuentan ministros y consejeros de la Judicatura, así como magistrados y jueces federales: aguinaldo, prima vacacional y pago por bono de riesgo. Ministros de la Suprema Corte se llevan más de 900 mil pesos; en tanto que los jueces de distrito —a los que “peor” les va— obtienen poco más de 200 mil.

Considerando que el ingreso promedio de cada hogar mexicano es de 13 mil pesos al mes y que el aguinaldo otorgado por ley es de 15 días de salario, la percepción de fin de año que todo hogar “común” en este país recibe es más de diez veces menor de lo que en próximos días obtendrá cada persona perteneciente a la élite del Poder Judicial nacional.

Sería demagógico sugerir que lo mismo deben ganar jornaleros agrícolas o empleados bancarios que ministros de la Suprema Corte. Finalmente para algunas labores sí se requiere de mayor remuneración por su perfil de especialización. Sin embargo, en un país donde todavía no se extingue ni siquiera la pobreza alimentaria, se espera de las cabezas de las instituciones un cierto sentido de austeridad.

Quitarles el privilegio a los juzgadores no hará mayor diferencia para el país en términos prácticos. Con 841 millones de pesos no se cubren ni las necesidades más básicas de 50 millones de pobres. Aun así, el poder simbólico de ese beneficio es enorme, no sólo por la cantidad, sino porque la calidad del servicio que los tribunales del país ofrecen es muy baja. Pasan años antes de que una persona logre justicia en cualquier recinto judicial del país, sea éste civil, penal o administrativo.

En la mente de los ciudadanos que conozcan estas cifras se elaborará la idea irrefutable de que la élite judicial disfruta de una vida de privilegio que no corresponde con sus méritos profesionales. Esa percepción es impermeable a campañas de publicidad y spots televisivos.

La crisis de confianza que padecen los políticos no es exclusiva de éstos. A los jueces nadie los vota, dirán confiados, pero la base de su trabajo es la credibilidad. Mantener sus privilegios los pone también en riesgo de parecer prescindibles y alguien podría tomar la decisión, en el futuro, de que lo son. Ahí el peligro.