El SAT, Sonora y la transparencia

En esta vida, dice la frase, sólo hay dos cosas seguras: la muerte y que pagaremos impuestos. Pero en eso de contribuir con dinero de nuestros bolsillos para el desarrollo del país o para la dotación de servicios públicos, más de uno busca la forma de evadirlo. El cobro de impuestos se remonta a tiempos antiguos; en México, se realiza en los ámbitos federal, estatal y municipal, aunque no siempre con buenos resultados.

EL UNIVERSAL publica que el gobierno de Sonora dejó de cobrar más de mil 700 millones de pesos, por lo cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aplicó una sanción a la autoridad local que consiste en no ejercer sus facultades de fiscalizar impuestos federales a partir de hoy 20 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del presente año. El descubrimiento de las irregularidades fue consecuencia de 829 auditorías iniciadas luego de que tres denuncias anónimas señalaron beneficios para 574 contribuyentes.

Entre las anomalías está la aprobación de préstamos millonarios sin verificar su origen y procedencia, además de la validación de operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas.

Los malos manejos ocurrieron durante la pasada administración, a cargo de Guillermo Padrés, un gobierno marcado por los señalamientos de abusos y de corrupción; el más conocido, la acusación de invertir 10 millones de pesos, de origen desconocido, para la construcción de una presa en un rancho de su propiedad. La obra fue sancionada por la Comisión Nacional del Agua por no contar con los permisos correspondientes y la PGR, por medio de la Unidad de Análisis Financiero, investiga una denuncia en contra del ex gobernador.

Irregularidades como las que se dieron a conocer ayer seguramente no son exclusivas del gobierno de Padrés, pues ha habido una regla no escrita en las administraciones estatales de que los gobernadores entrantes encubren cualquier manejo turbio de quien los antecedió. En esta era de transparencia, se requiere de nuevas actitudes de unos y otros; debe ser normal que quienes se van sepan que su desempeño en el uso de recursos públicos será puesto bajo una rigurosa revisión, y los que llegan deben de proceder de manera legal si encuentran actos que constituyan un delito.

En el caso específico de Sonora, el SAT debe aún varias respuestas: ¿Quiénes fueron los beneficiados? ¿Se les cobrará lo que no pagaron? ¿Habrá sanciones para la persona o personas que autorizaron los beneficios? Sonora puede convertirse en el inicio de una efectiva rendición de cuentas por parte de los estados, pero no sólo en el cobro efectivo de impuestos, sino en la correcta aplicación de los recursos. Los tiempos lo exigen.