Destapar a los sindicatos

En estas páginas se ha publicado todo tipo de abusos y despilfarros de líderes sindicales, desde el cometido por la cabeza de los electricistas, Víctor Fuentes, quien posee propiedades muy por encima de lo que podría pagar con su salario, hasta lo hecho por el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, quien dio a sus colaboradores 18.5 millones de pesos a cambio de “sesionar” una vez cada dos meses.

Combatir estos actos empieza por contar con herramientas de transparencia ya disponibles en otras oficinas donde se reciben recursos públicos, mas no en los sindicatos. Todavía.

En la última reforma en la materia se puso en la Constitución que los sindicatos debían cumplir con informar sobre los recursos públicos que reciben, divulgar el número de sus agremiados, así como sus contratos colectivos de trabajo. Aun así, continúan sin hacerlo.

Este diario hizo una revisión a las páginas electrónicas de sindicatos como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) o ASPA. El resultado: presentan información incompleta, desactualizada o el rubro de transparencia simplemente no existe.

Sólo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cumple de manera parcial, dando a conocer el número de integrantes en activo y algunos totales anuales de recursos públicos que recibe.

Los sindicatos todavía tienen hasta mayo de 2016 para adecuar toda su información y darle cumplimiento. El problema es que la ley está inconclusa. Falta que los legisladores den a conocer las leyes reglamentarias en materia de transparencia, cuya ausencia no ha permitido concretar el cambio constitucional que ordena también a partidos políticos a ser sujetos obligados para el acceso a la información.

Será una tarea minuciosa y que requerirá de una detallada vigilancia por parte de los agremiados y la ciudadanía, porque muy fácil es simular cuando se trata de informar sobre datos que nadie más posee. Una cosa relativamente sencilla, por ejemplo, es poner bases de datos no sistematizadas en páginas de internet, con lo cual también se pueden esconder cifras relevantes, y otra es facilitar búsquedas con el auspicio de instancias como el INAI u organizaciones civiles especializadas.

En este momento no hay sanciones por el incumplimiento de la transparencia. Habrá que esperar a que los legisladores no dejen tal cual esta parte, de lo contrario dejarían toda la reforma casi como opcional.