En 2011 el entonces presidente Felipe Calderón propuso al Congreso una reforma laboral que el sector más duro del sindicalismo calificó de “vendepatrias”. Curiosamente, ese mismo año una encuesta del Centro de Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados preguntó a la gente “¿quién se beneficia con la reforma?” La mayoría respondió: los sindicatos.

El dato sirve para ilustrar la realidad de que desde hace tiempo, al menos en la percepción de los trabajadores, las grandes organizaciones gremiales del país dejaron de defender los intereses de sus integrantes, para más bien velar sólo por los de sus líderes. En las encuestas sobre confianza en las instituciones, los sindicatos están cada año en el sótano junto a diputados, policías y partidos políticos.

Hoy este diario publica un reportaje que abona a lo que la población ya sabe. Pese a que Víctor Fuentes del Villar tiene un sueldo mensual bruto de 20 mil 628 pesos, posee cinco propiedades con un valor total de 30.6 millones de pesos. Es el líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Hasta el cierre de esta edición el dirigente no había explicado el origen de su patrimonio. ¿Tiene la obligación de hacerlo? La respuesta es sí; no sólo ante los agremiados en su organización. sino ante todos los contribuyentes que, con su dinero, pagan el sueldo de Fuentes. La CFE es financiada por el Estado.

Si el dirigente electricista continúa en silencio cabría esperar cuando menos un mea culpa. Difícilmente ocurrirá, considerando los antecedentes de otros homólogos suyos, cuyas prácticas han sido descubiertas antes.

En diciembre pasado EL UNIVERSAL reveló que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), dirigida por Joel Ayala Almeida, había beneficiado a siete de sus colaboradores con 30 contratos que suman 18.5 millones de pesos. ¿A cambio de qué? Sesionar una vez cada dos meses, según el artículo 111 de la Ley del ISSSTE.

Antes, ese mismo año, el diario expuso a Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTI), quien logró pactar para él y para su cúpula hasta cuatro tipos de apoyos económicos adicionales al salario. Su percepción era cercana a la del presidente Enrique Peña Nieto.

¿Qué ha pasado con todos esos personajes? Nada. Salvo en el caso Elba Esther Gordillo, la exposición de los abusos de los líderes gremiales no ha implicado un cambio en la forma de actuar de ellos o de sus organizaciones.

La sociedad y sobre todo los agremiados sindicales deben poner un alto si las procuradurías no lo están haciendo.

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