Ayotzinapa, más allá del crimen

Una pregunta en apariencia tan simple, ¿qué pasó en Iguala?, a casi un año de distancia del ataque que dejó 43 normalistas desaparecidos, debería ya tener respuesta. El hecho de que todavía no exista esa certeza en el más importante caso criminal de los últimos años, implica dejar también en duda el resto de las conclusiones gubernamentales en esta y otras investigaciones. Por el bien de las víctimas y de las instituciones encargadas de explicar lo ocurrido a la ciudadanía en general, la verdad del 26 de septiembre pasado debe ser pulcra; tan sólida, que hasta para los más incrédulos sea incontrovertible.

Ayer fueron dadas a conocer las conclusiones de un estudio de un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe desacredita la investigación del gobierno mexicano sobre la desaparición de 43 estudiantes, cuyo resultado era que las víctimas habían sido calcinadas en un basurero.

¿Por qué tomar más en cuenta las declaraciones de estas personas que las de organizaciones civiles y activistas quienes previamente ya habían cuestionado la versión oficial? Porque el grupo internacional tuvo acceso a la investigación oficial e incluso hizo indagatorias propias. Por algo el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y la procuradora general, Arely Gómez, declararon ya que tomarán en cuenta las recomendaciones.

Lo anterior no significa que lo declarado por el grupo formado por la CIDH sea irrebatible. En la ciencia también hay discrepancias entre especialistas. Sin embargo, en el caso de México no ayuda la incredulidad acumulada en la población tras décadas de impunidad en toda clase de crímenes, incluso aquellos donde el Estado se compromete a aplicar “todo el peso de la ley”.

Cabe la posibilidad, desde luego, de que en verdad no existan las evidencias para tener algo más que declaraciones de detenidos y testigos. Desafortunadamente para el gobierno federal, la credibilidad de la gente en sus instituciones no le alcanza para cerrar casos con base en deducciones. Y si no hay certeza ni siquiera acerca de qué pasó con las víctimas, ¿se puede esperar que familiares y ciudadanía crean que quienes están siendo enjuiciados por el crimen son de verdad culpables? Los cabos sueltos son un lujo que la Procuraduría no puede darse en esta investigación.

México necesita resolver el caso Ayotzinapa cuanto antes y convencer a los expertos de otros países, así como a la población en general, de que todo lo que puede hacerse se hizo. No sólo para resolver este crimen, sino para probar al mundo que hay luz al final del túnel de la impunidad mexicana.