¿Parchar las cárceles?

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el pasado 11 de julio fue la muestra más contundente de que en los últimos años el sistema carcelario del país —federal y estatales— ha vivido una crisis en la que confluyen hacinamiento, corrupción, penetración del crimen e incumplimiento del respeto a los derechos humanos, entre otros aspectos que se han dado a conocer en visitas de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en reportajes periodísticos y en hechos de violencia registrados en años recientes. Las señales de alerta estaban encendidas, pero poco se hizo para atenderlas.

En el penal federal de alta seguridad de El Altiplano se están tomando acciones que se pensaría ya formaban parte de una cárcel de esas características. En su columna Historias de Reportero, Carlos Loret da cuenta de trabajos para cambiar los pisos de las celdas: con tres capas de varillas de acero se pretende evitar cualquier nueva fuga por el subsuelo. Debido a esas obras líderes de los cárteles del narcotráfico fueron cambiados temporalmente de celdas, mientras concluyen los trabajos, en un mes aproximadamente.

Con el reforzamiento del piso del penal de máxima seguridad prácticamente quedaría cancelada la posibilidad de que se repita una fuga como la de aquel sábado de julio, pero tan importante como colocar una protección adicional en el suelo de la cárcel es blindar todo el sistema penitenciario contra posibles actos de corrupción del personal penitenciario, desde custodios hasta directivos.

Son necesarios mejores controles de confianza y de seguridad entre quienes tienen a su cargo los penales. Hace unas semanas EL UNIVERSAL informó que entre 2010 y lo que va de este año 667 reos que cumplen condenas murieron en cárceles en la capital del país. De esas muertes, una de cada 10 fueron homicidios cometidos dentro de los penales. En términos porcentuales no parece una cifra alta, la cuestión es que no debe darse ninguna muerte. Para que los crímenes ocurrieran debió ser indispensable el solapamiento del personal.

Las obras que se realizan en el Altiplano deben representar el punto de arranque de una revisión a fondo del sistema carcelario en el país. Si con la fuga de El Chapo quedaron expuestas las graves fallas en un penal federal de alta seguridad, no hay motivos para dudar de que el resto de las cárceles tenga deficiencias en más de un aspecto. Si la reestructuración no es en todos los niveles y de manera integral, desgraciadamente estaríamos hablando únicamente de un parche a los centros de reclusión.