Despejar dudas

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa cumple mañana un año, periodo en el que se han presentado conclusiones por parte del gobierno federal y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; aunque ambas coinciden en su mayor parte, hay diferencias en algunos puntos. Alrededor de ellas se suman versiones sobre lo ocurrido ese día y surgen grupos que critican el documento del GIEI y otros que cuestionan duramente las pesquisas oficiales.

En medio de estas posturas enfrentadas, ayer se realizó el segundo encuentro entre los padres de los normalistas y el presidente Enrique Peña Nieto (el primero se dio en octubre de 2014). El gobierno federal anunció que adoptará seis acciones en torno a la investigación de los hechos ocurridos hace un año. No hay carpetazo al asunto, se creará un grupo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula y se incorporarán las recomendaciones y líneas de investigación propuestas por el GIEI, son algunos de los puntos adoptados. Estas medidas deben servir para disminuir la distancia entre las posturas actuales, que parecen irreconciliables.

Lo primordial en esta nueva etapa será conocer las respuestas a preguntas que han surgido en torno a la investigación y que quedan como cabos sueltos. Entre ellas, por qué no funcionaban las cámaras de seguridad, precisar lo relativo al quinto autobús y algunos otros puntos que son motivo de inquietud de los padres de los normalistas.

El gobierno deberá dar espacios a los peritos y a expertos recomendados por los padres para alcanzar una investigación consensuada que elimine cualquier halo de desconfianza. Es acertado, también, afirmar que la indagatoria no está cerrada y que “llegará a donde tenga que llegar”; debe ser fundamental la entrega de resultados oportunos a los padres de familia y ninguna duda debe quedar de que se hizo lo que se tuvo que hacer.

Como principales interesados y víctimas que son de un hecho criminal, la información debe fluir de manera abierta hacia los padres de los 43 normalistas. La transparencia con ellos debe ser plena.

El caso Ayotzinapa es la oportunidad que se requiere para demostrar la prevalencia del Estado de derecho en el país, de que puede haber confianza en los resultados que presente la fiscalía que se creará para analizar el caso, y debe sentar las bases para que nunca más se presente una situación en la que una ciudad viva durante horas escenas de violencia y la población quede indefensa ante grupos criminales.