Sindicatos, ¿apertura o simulación?

El pasado 8 de septiembre en estas páginas se publicó que pese a que Víctor Fuentes del Villar, líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), tiene un sueldo mensual bruto de 20 mil 628 pesos, posee cinco propiedades con un valor total de 30.6 millones de pesos. Imposible tantos bienes con ese salario.

Nada ha pasado desde entonces. No hubo investigación de algún gobierno o condena de los agremiados. Ni siquiera se tomó la molestia el dirigente de responder la llamada solicitándole aclarar los datos. ¿Cómo podría cambiar esta situación? Como con todos los sindicatos, únicamente con la acción de los agremiados, quienes idealmente no deberían enterarse de las rapacerías de su líder cuando lo ven en un medio de comunicación, sino también con solicitudes de información propias. De hecho, en teoría están a un paso de tener las herramientas para hacerlo.

En próximos meses, si Legislativo y Ejecutivo no retrasan el tema, se darán a conocer las leyes pendientes en materia de transparencia cuya ausencia no ha permitido cumplir con la reforma constitucional que ordena a partidos políticos y sindicatos ser sujetos obligados para el acceso a la información, como hasta ahora lo han sido todas las instancias operadas con dinero público. Está por verse qué tanta resistencia tratarán de hacer los dirigentes gremiales y las cúpulas partidistas.

Por lo pronto, en entrevista con EL UNIVERSAL la comisionada presidenta del Instituto Nacional para el Acceso a la Información (INAI), Ximena Puente, adelanta que se anunciará un convenio entre el órgano que dirige y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que el gremio haga público el origen y destino de los recursos que recibe del gobierno federal, conforme a las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia.

Es una buena noticia. Pero dado el historial de ocultamiento de los líderes sindicales hay que tener reservas. Una cosa relativamente sencilla es poner bases de datos no sistematizadas, con lo cual también se esconden datos relevantes, y otra es preparar un archivo con posibilidad de búsquedas cronológicas y temáticas, abierto a toda la ciudadanía y vigilado por instancias como el INAI o por organizaciones civiles tipo Transparencia Mexicana o IMCO.

Desde que Elba Esther Gordillo fue detenida, el SNTE se ha esforzado en proyectar una imagen renovada. Para lograrlo podrían seguir la poco efectiva estrategia de gastar en eslóganes y spots, o más bien demostrar que son diferentes comenzando por transparentar desde los gastos de viaje de sus dirigentes hasta los regalos que otorgan a sus líderes. Es una apuesta arriesgada, pero la única que de verdad funcionaría para quitarles el estigma de corrupción que les persigue.

Pronto se sabrá si el magisterio firmó el acuerdo con el INAI en un genuino esfuerzo por democratizarse o si más bien es parte de un esquema publicitario.