¿Cuánto pagar a un diputado?

Si el Estado mexicano funcionara como una empresa, la ciudadanía fungiría como dueña y la clase política como empleada. La decisión de cuánto pagarle a esos políticos dependería de los resultados que esos empleados lograran obtener. Sobra decir que si todo lo anterior fuera cierto, le sería imposible a cada diputado federal irse con un millón de pesos extra en la bolsa, como va a ocurrir.

El próximo 31 de agosto acabará la actual Legislatura en San Lázaro, para lo cual los diputados federales se llevarán un millón 155 mil 357 pesos por cabeza. Se trata de un fondo de ahorro de 910 mil 440 pesos; 93 mil 669 pesos como pago proporcional del aguinaldo; 73 mil 910 pesos de la dieta mensual; 45 mil 786 pesos de apoyo por Asistencia Legislativa y 28 mil 772 pesos por apoyo para la Atención Ciudadana. Además, dos mil 780 pesos en vales de despensa.

¿Cuánto podría hacerse con los 577 millones de pesos que el erario gastará en estas compensaciones? Ese es el presupuesto aproximado previsto para la reconstrucción del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, el cual dejó varios muertos y heridos luego de una explosión de gas en enero de este año.

El argumento que la Cámara de Diputados ofrece para defender los privilegios otorgados a sus integrantes es el de siempre: se hizo con legalidad. Eso no justifica la decisión.

Ninguna otra institución en el país tiene tanta libertad como el Legislativo para abusar de los recursos públicos. Los legisladores son, finalmente, quienes aprueban cuánto va a gastar todo el Estado mexicano cada año. Es por esa facultad que ellos mismos debieran poner el ejemplo en austeridad.

No sólo es por las cantidades que indigna cómo los diputados gastan el dinero, sino por lo burdo de su intento de esconder la inmoralidad. Disfrazan las partidas presupuestales que manejan las bancadas con conceptos inasibles como “asignaciones a grupos parlamentarios” o “apoyo a actividades legislativas”, actividades sobre las cuales nunca entregan un reporte pormenorizado.

La última vez que se discutió en el Congreso una Ley de Salarios Máximos de los Servidores Públicos, ésta tenía en un principio el objetivo de evitar que algún funcionario ganara más que el Presidente de la República. De inmediato saltaron todo tipo de políticos, alarmados. Hay labores, dijeron, que requieren sueldos más altos. A la postre impusieron excepciones que hicieron obsoleta la citada ley.

¿Algún partido se animará a proponer bajar el sueldo a sus propios legisladores? Los candidatos recién electos no parecen interesados en enarbolar esa bandera y, por lo tanto, en cambiar la tradicional mala imagen del diputado. Sus prioridades.