Taxis vs Uber, una oportunidad

Para ser exitoso y eficiente, un servicio debe ser regulado por la ley de la oferta y la demanda y supervisado por las autoridades para que los proveedores compitan en igualdad de condiciones. La exigencia de los taxistas organizados en contra de Uber y negocios similares es adecuada en cuanto a pedir piso parejo, pero peca al querer impedir que sean los usuarios quienes definan con quién prefieren viajar.

El pasado miércoles 15 de julio el gobierno de la ciudad de México publicó un nuevo esquema de regulación del servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones y plataformas informáticas, en el que —además del registro— se prevé un permiso para los operadores, su capacitación y el requerimiento de que cuenten con un seguro.

La regulación impone la aportación de 1.5 % del costo de cada viaje, sin impactar el cobro al usuario, a un Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, cuyos recursos se destinarán a mejoras al servicio de taxis en general.

Pese a lo anterior, la agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) y Taxistas y Líderes Unidos contra la Ilegalidad dijeron que conformarán un frente de acción para detener lo que llamaron “un albazo” de las autoridades quienes, dicen, no los consideraron en la decisión.

Tienen razón en cuanto a que han tenido que padecer el pago de infinidad de requisitos impuestos por el GDF, entre ellos, el cambio de color de sus unidades y matriculación, cuyo costo es de miles de pesos. Desventajas frente a otros proveedores.

Se exceden, sin embargo, cuando demandan al DF un límite de dos mil 800 autos Uber y Cabify frente a los 140 mil taxis concesionados. ¿Y qué pasa si la demanda aumenta? ¿Por qué impedir a una empresa expandir su negocio si los usuarios solicitan el servicio? No hay argumento racional.

Otra demanda absurda de los taxistas es que las unidades de Uber y Cabify sean de un valor de al menos 350 mil pesos y que su banderazo inicie en el punto en el que los concesionados tienen la tarifa de arranque más alta, de 27.30 pesos.

En este momento, según argumenta la empresa Uber, los usuarios del taxi regular y del servicio vía smartphone no son iguales, pues para el segundo se requiere de tarjeta de crédito y un teléfono inteligente. Una limitante para muchos habitantes en el país. Sumar a esto una tarifa alta y autos no económicos condenaría a los de menos ingresos a nunca poder acceder a un servicio que les podría resultar más ventajoso.

La coyuntura es una oportunidad. Ante la demanda de regular el mercado, el gobierno capitalino podría aprovechar para poner orden en el caótico transporte público. Eso beneficiaría a todos, salvo a los auténticos ilegales: los taxis pirata.