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Uno de los debates centrales que se está dando actualmente en el país es en torno a los llamados matrimonios igualitarios. La polarización de los grupos a favor y en contra de la medida sube de tono y este fin de semana se trasladará a las calles mediante movilizaciones. Ambos grupos tienen el derecho de manifestarse y expresar sus posiciones de rechazo o de aceptación, lo que será reprobable es cualquier agresión física.
En este tema dos de los tres Poderes de la Unión han manifestado ya una posición clara. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido desde 2010 varias sentencias que reconocen la constitucionalidad del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. En junio de 2015 determinó de manera precisa que cualquier ley que lo prohíba es inconstitucional. Hasta ahora, de no avalarlo las leyes locales, la pareja tiene que interponer un amparo para concretar la unión.
El Poder Ejecutivo, por su parte, envió en mayo de este año al Congreso de la Unión una iniciativa que busca formalizar en la Constitución lo avalado por la Corte. A partir de ese momento se dio el rechazo frontal del clero y de grupos afines.
En el Legislativo la fracción mayoritaria no ha mostrado interés en impulsarla, por lo que prácticamente se está condenando a dejar el proyecto en la congeladora. La virtual indefinición sobre el tema sólo ocasiona un mayor encono entre las posturas encontradas.
El país está a tiempo de impedir que una chispa genere un fuego que podría ser difícil de sofocar. La pelota está en la cancha del Legislativo, pero las señales son de apatía. Si un grupo pone énfasis en rechazar que se utilice la palabra matrimonio ¿dónde están las acciones para tratar de conciliar los puntos de vista distintos?
El aspecto central del debate lo ha expresado la Corte de manera puntual. No permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo representaría un acto de discriminación por la orientación sexual de los afectados, equivalente a que no se permitiera el matrimonio por el color de piel o por la religión.
En este tema el Estado mexicano tiene todo a su favor, comenzando por el carácter laico que le confiere la Constitución Política. A nivel internacional, la iniciativa del gobierno mexicano fue elogiada por el Departamento de Estado del gobierno estadounidense, y apenas esta semana rectores de las cuatro universidades públicas más importantes del país se manifestaron en favor de la necesidad de consolidar la laicidad del Estado para asegurar los derechos de todos.
Se requieren definiciones y un llamado a la cordura para evitar que la polarización devenga en enfrentamiento. Vivimos otros tiempos, deben prevalecer la tolerancia y el respeto a la diversidad.
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