El cambio no ha terminado

Llegamos todos juntos, ciudadanos y autoridades, a uno de los más esperados momentos para la justicia en México. Finalmente se dio el malletazo de inicio al Nuevo Sistema de Justicia Penal. El pasado viernes 17 a las 12 en punto de la noche, se declaró su entrada en vigor para toda la República mexicana.

¿Qué debemos esperar?, ¿está todo hecho?, ¿no hay más esfuerzos por hacer?

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo estableció claramente: la responsabilidad es compartida. De todos nosotros depende el éxito o el fracaso de la nueva reforma de justicia en México. Por supuesto, cada quien desde su trinchera deberá hacer lo suyo. Desde la Judicatura debemos continuar asegurando la capacidad de los jueces, de tener más y mejores, de mejorar y tecnificar la administración de la justicia, reforzar la capacitación y la selección de los funcionarios judiciales. Las procuradurías se tendrán que encargar de lo suyo, así como las secretarias de Seguridad Pública y la defensoría pública.

Sin embargo, esto no es suficiente por sí sólo. No son estas instituciones los únicos actores relevantes dentro de este cambio profundo que implica la nueva justicia procesal penal.

El éxito del cambio depende, incluso, del optimismo con el que veamos el cambio. De que los abogados también pongan su grano de arena. Ser optimistas no implica ceguera intelectual ante los problemas que se puedan presentar, ni ingenuidad. Seamos francos todos, el cambio no será tangible en las próximas semanas ni en los meses que siguen, un sistema de justicia requiere de años para su consolidación. México va por buen camino, pero faltan todavía muchos pasos que dar.

La experiencia internacional nos ha dado señales al respecto. El caso de Chile es claro. Después de más de una década de funcionamiento del sistema acusatorio, los chilenos continúan confeccionando el traje a su medida. Siguen encontrando impurezas que se deben limar, retazos que cortar y engranes que apretar. Tal es el caso del rezago judicial que en la actualidad sufren y la insuficiencia de jueces.

Esto no quiere decir que el modelo acusatorio no sea efectivamente práctico ni estable y que esté destinado al fracaso. Por el contrario, quiere decir que las variables que lo alimentan son muchas y, por ello, se requiere de observación y experiencia; se requiere de diseños institucionales complejos que sólo se podrán concretar tras años de funcionamiento.

Y no sólo esto, en el caso de México (como el de otros países latinoamericanos) el cambio implica no sólo diseño y experiencia, sino un cambio de pensamiento robusto. Tenemos una tradición jurídica larga y muy arraigada en nuestras mentes, la cual no siempre es compatible o amiga de esta nueva justicia penal. Cambiar nuestros marcos de entendimiento será, sin lugar a dudas, uno de los cambios más importantes y significativos.

El optimismo al que refiero implica que todos, ciudadanos, abogados, defensores, fiscales y jueces, adoptemos una perspectiva de humildad intelectual tratando de entender lo que el nuevo sistema exige de nosotros, en lugar de tratar de imponer a él viejas prácticas u olvidados menesteres procesales que ortora aseguraban éxito jurídico.

El camino ha cambiado y, por ello, debemos modificar nuestra ruta. No basta con más jueces, no basta con más salas de oralidad, no basta con fiscales entrenados, si no cambiamos nuestra concepción del Derecho y nuestra forma de entender la justicia. El viernes pasado no concluyó el cambio, sino que inició.