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Constitución: derechos y algo más

Los escepticismos y las dudas que han girado alrededor de la Constitución capitalina se han enfocado más en su contenido que en la posibilidad misma de otorgarnos una Constitución
19/02/2016
02:12
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Sin lugar a dudas uno de los logros políticos más importantes de nuestro jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es el de haber impulsado la reforma política de la Ciudad de México; esa reforma que ahora nos dará una Constitución. El haber otorgado a los capitalinos la posibilidad de decidir el régimen jurídico que los gobernara de ahora en adelante, es un cambio sumamente significativo para el sistema jurídico mexicano que le debemos agradecer.

Los escepticismos y las dudas que han girado alrededor de la Constitución capitalina se han enfocado más en su contenido que en la posibilidad misma de otorgarnos una Constitución. Y esto, como en cualquier democracia, es normal y no es para menos; son muchas las voces y otros tantos los intereses políticos que desean verse reflejados en esa Carta Política y en uno de los momentos históricos más trascendentes para nuestra capital.

Como todos hemos leído, el debate se ha ubicado fundamentalmente bajo la brújula de los derechos; se discute qué derechos debe contemplar nuestra Constitución; se debaten los procedimientos para su garantía y protección; se debate la extensión de su catálogo, etc. No obstante que estas discusiones son de gran importancia y no deben de disminuir su intensidad deliberativa, lo cierto es que una Constitución es más y debe ser más que una carta de derechos. Coincido plenamente con la tesis según la cual una Constitución que no contemple un catálogo de derechos y la separación de poderes, no es una Constitución. Pero también, debemos conceder que una Constitución que sólo contemple un catálogo de derechos, es una Constitución incompleta.

La discusión sobre los derechos no debe opacar otros asuntos que son de igual importancia constitucional: como el régimen de competencias y la ingeniería de los diseños institucionales. El sistema jurídico mexicano desde siempre otorgó un régimen jurídico-político específico y diferente para ese Distrito Federal ahora desaparecido, frente a los otros estados de la República. Por ello, nuestra discusión no sólo se puede ubicar en cuestiones sustantivas, sino también en las adjetivas.

Uno de los tantos problemas que tenía el Distrito Federal era que no contaba con soberanía sino con una escueta autonomía. En el sentido de que el gobierno del Distrito Federal no estaba facultado para hacer más de lo que la Constitución política del país le reconocía como facultad exclusiva. Lo que se ha logrado con la posibilidad de esta reforma política es, precisamente, modificar ese estatus y otorgarle a la Ciudad de México la misma soberanía de la que gozan el resto de estados de la República: como definir su propio régimen jurídico y político.

Debido a este paso mayúsculo en la vida de los capitalinos, dada la libertad que se nos ha otorgado, es importante definir el sistema que nos gobernara y la relación que éste guardará con el resto de niveles de gobierno. Si es que nos queremos tomar a la Ciudad en serio, este régimen de competencias entre la Ciudad y la Federación y las de las alcaldías frente al gobierno capitalino tiene la misma importancia que el catálogo de derechos. ¿Cómo vamos a armar ese rompecabezas de competencias recurrentes, locales, “municipales” y exclusivamente federales, en el que antes participábamos, pero a medias?

También debe estar en la palestra de discusión las facultades constitucionales y el diseño institucional de las dependencias del Ejecutivo, muchas de las cuales seguían la suerte de las federales. Definir su relación de competencias con los otros dos Poderes y sin menoscabo de los organismos autónomos.

Debemos estar conscientes de que la discusión va más allá de los derechos. De hecho, una forma de garantizar bien los derechos de esta Ciudad es a través de una adecuada ingeniería constitucional, para no caer en el problema de hacer de nuestra Constitución una carta de buenos deseos, en vez de un ordenamiento jurídicamente vinculante.

Pero estoy convencido de que el jefe de Gobierno y los miembros del Constituyente están conscientes de éstos y otros problemas que conlleva la redacción de una Constitución. Y por ello, los capitalinos debemos sentirnos tranquilos.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Nació en Acapulco, Guerrero, el 7 de agosto de 1946. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, obteniendo el título de...

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