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Por la moratoria en materia de Seguridad Interior

Una propuesta responsable tiene que incluir un plan de retiro de las Fuerzas Armadas y la formación paralela de policías
18/04/2017
02:11
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Representantes del PRI han afirmado que pronto estará listo un dictamen en materia de Seguridad Interior que integre las diversas iniciativas que se han presentado. El objetivo parece ser concluir este periodo legislativo con un marco que regule a las Fuerzas Armadas. Es importante tener claro que lo que se discute en materia de Seguridad Interior no es solo un marco jurídico para las Fuerzas Armadas, sino el regreso —o no— a la normalidad constitucional. Con esta ley se decide además el tipo de justicia penal que tendremos a largo plazo: una en la que autoridades militares puedan encargarse de la prevención e investigación del delito o, por el contrario, una a cargo de civiles. Se decide también la estrategia de seguridad de los próximos años: ¿Seguiremos con la militarización del país o apostaremos por la formación de policías? La seriedad de las implicaciones obligan a una discusión pública en la que se presente y analice todo lo que está en juego. Ésta, sin embargo, no puede seriamente llevarse a cabo en los 15 días que restan del actual periodo legislativo.

Los militares hoy realizan tareas de seguridad pública —incluyendo patrullajes y retenes preventivos, detenciones e investigación del delito— en casi todo el país, aunque la Constitución lo prohíbe. En una entrevista con el periódico Excélsior, el secretario de la Defensa afirmó que “hoy, ya estamos haciendo funciones de policía, de policía municipal o de policía estatal”. Por lo menos en 24 de los 32 estados, hay presencia militar permanente. Por ello han exigido de forma pública y reiterada la aprobación de una ley para regular las labores que realizan. En respuesta, se presentaron en los últimos meses varias iniciativas en materia de Seguridad Interior. Todas han sido duramente criticadas por organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales por ser inconstitucionales, por la ambigüedad de sus conceptos y la falta de controles institucionales (entre otras cosas). En los textos no existe una distinción clara entre seguridad nacional, interior y pública, lo que termina por permitir que se faculte al Ejército y Marina a realizar tareas de seguridad pública, en contravención con la Constitución y la formación castrense.

Uno de los principales problemas ha sido presentar y discutir el tema de forma aislada, eludiendo que antes debe reestablecerse el orden constitucional y obviando el efecto que tendrá esta legislación sobre la totalidad del sistema de justicia penal. Tampoco toman en cuenta los señalamientos que han hecho organismos internacionales y nacionales, sobre graves violaciones de derechos fundamentales por elementos de las Fuerzas Armadas. Una propuesta responsable en la materia tiene que ir acompañada de un plan de retiro de las Fuerzas Armadas y la formación paralela de policías. Tendría además que estar acompañada de las leyes que garanticen el control efectivo de las Fuerzas Armadas y la protección de la ciudadanía en caso de violaciones a los derechos humanos. En el Congreso, sin embargo, siguen pendientes piezas clave del sistema de seguridad y justicia como la ley contra la tortura, la ley general sobre desapariciones forzadas y la de mando mixto policial. No existe tampoco una propuesta para regular el uso de la fuerza pública. El marco legal para las Fuerzas Armadas no puede discutirse —o aprobarse— al margen de estas leyes.

En el trasfondo de esta ley también está la decisión sobre si continuamos —o no— con una estrategia de seguridad que ha resultado desastrosa para México. Esta decisión implica enorme responsabilidad y demanda un debate público, basado en evidencia. Hasta que esto suceda, el Congreso debe pausar la aprobación de esta legislación. Hay demasiado en juego para un proceso apresurado.

División de Estudios Jurídicos CIDE
@ cataperezcorrea

Maestra y doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora de Programa de Política de...

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