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En México hay más de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. De acuerdo con la OCDE, 22% de los jóvenes del país no estudia ni trabaja. Es decir, que más de 6 millones 700 mil jóvenes ni estudian ni trabajan (conforman el grupo de los NiNis). Con una economía estancada, una sociedad marcada por fuertes desigualdades y un sistema educativo sumamente deficiente las oportunidades para ellos son desalentadoras.
Hace unas semanas, se presentaron los resultados de la prueba del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA). Los resultados —que mide la calidad educativa de varios países— permiten, una vez más, constatar el fracaso del sistema educativo mexicano. En los 3 principales rubros evaluados, los estudiantes mexicanos se encuentran por debajo del promedio de los países de la OCDE. Nuestro sistema educativo, además, no muestra avances desde que participa en la evaluación. La prueba PLANEA que aplica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) también muestra el rezago. La mitad de los alumnos evaluados no pudieron lograr tareas sencillas como “comprender información de textos expositivos y literarios”. En matemáticas, 60% (sí 60) de los alumnos que terminaban 6º de primaria no sabe “resolver problemas que implican hacer operaciones básicas con números naturales”.
Las nuevas generaciones no conocen un México sin guerra, sin soldados armados patrullando las calles o sin la cotidianeidad de las balaceras, ejecutados y “pozoleros”. La muerte no les es lejana. Desde 2009 el homicidio se convirtió en la principal causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Las detenciones arbitrarias en retenes forman parte de la normalidad, especialmente si se proviene de sectores marginados o si se tiene la tez obscura. Los jóvenes aprenden la historia y geografía del país por sus tragedias. Tlatlaya, Cocula, Ayotzinapa, Tanhuato son nombres que enseñan el fracaso de nación que hemos construido y estamos dejando a nuestros hijos. En 4 estados, la prueba PLANEA ni siquiera pudo llevarse a cabo por la oposición de los agrupaciones gremiales. Se trata de entidades donde la presencia del Estado sólo es parcial y frecuentemente sólo existe como fuerza armada. El Estado, para muchos —jóvenes y adultos—, no es más que la aquiescencia para hacer de lo público un botín o para violentar al prójimo y silenciar al disidente.
El futuro se esboza desolador. La reforma educativa ha tenido una implementación fallida. A la vez, los gobernantes recurren insistentemente, como reflejo, al brazo punitivo y violento del Estado, con poco interés por la justicia social. Poco a poco se ceden derechos procesales a cambio de seguridad, como si sólo fuera posible uno u otro. Las víctimas de la violencia —oficial y criminal— son las grandes ausentes en la discusión nacional, centrada en la militarización de funciones gubernamentales. La reforma a la justicia penal y la creación del sistema nacional anticorrupción permanecen en el tironeo entre la simulación y la transformación de raíz.
Este año, el congreso fue incapaz de aprobar la reforma para garantizar todos los derechos para todas las familias. Imperó la exclusión. En el tema de marihuana, fue imposible echar atrás un centímetro el imperio del derecho penal. En contraste, se aprobó poner a las capitanías de puerto en manos de la Marina y, en otro paquete, ampliar el fuero militar. Se aprobó también tipificar nuevos delitos —peleas de perros— y elevar penas para la pesca fortuita. El programa nacional de la prevención de la delincuencia, en cambio, quedó sin recursos. La lógica pareciera que más arrestos y castigos lograrán ese fin, obviando las deficiencias de las instituciones penales. Obviando también que la justicia penal recae, fundamentalmente, en los jóvenes a quienes este país no brinda oportunidad.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorreab
