“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”. Con estas palabras concluyó Jesús Murillo Karam, entonces titular da la PGR, la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015 en la que presentó los avances de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En esa ocasión, cuatro meses después de ocurridos los hechos, la PGR daba cuenta del probable paradero de los jóvenes. Anunciaba que —según las pruebas recabadas— una banda criminal, con la colaboración de las policías municipales, había asesinado a los estudiantes e incinerado sus restos en un basurero.
Reveló también que tenía ya identificados a los presuntos autores materiales e intelectuales, así como el móvil del crimen. Más aún, con previa autorización de los jueces, la PGR había ejecutado órdenes de aprehensión sobre la gran mayoría de los presuntos responsables. Quedaban algunas detenciones pendientes, pero el caso no sólo parecía estar armado, sino a punto de cerrarse.
Quizás esto explica por qué Murillo Karam utilizó la expresión “verdad histórica” para referirse a la explicación de los hechos construida por la PGR. Faltaba sólo que esa verdad se convirtiera también en verdad jurídica. El Ministerio Público parecía decir que ya sabía lo que había pasado, sólo quedaba probarlo ante el juez. Había que demostrar la culpabilidad de los acusados respetando su derecho a una legítima defensa y las reglas del debido proceso. La verdad histórica de la PGR tenía que pasar por el tamiz de un juicio penal.
Pero la “verdad histórica” es una cosa debatible y nunca definitiva. Así quedó demostrado cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre la investigación de la PGR. El GIEI concluye que las pruebas recabadas por el Ministerio Público durante los últimos meses constituyen un “paso positivo”, pero recomiendan un “replanteamiento general” de la investigación.
El informe del GIEI hace una crítica dura del trabajo de la PGR como policía investigadora. Habla de la omisión de indagar ciertos hechos relevantes. Señala errores en la protección y preservación de evidencias. Refiere también problemas de coordinación cuyo resultado fue una investigación fragmentada.
Pero las conclusiones más importantes desde el punto de vista del caso construido por la PGR son las que cuestionan el móvil y la naturaleza del crimen. Primero, el GIEI termina convencido que los normalistas no se dirigieron a Iguala, Guerrero, a boicotear un evento político de la esposa del alcalde. Segundo, sostiene la imposibilidad de que sus restos hayan sido incinerados en el basurero de un municipio aledaño. En suma, para el GIEI no queda claro por qué los detuvo la policía municipal ni cuál fue su destino ulterior.
Tras el informe quedan más dudas que certezas. Pero creo que debemos celebrar la apertura del gobierno federal a la revisión del trabajo de la PGR por parte de un panel internacional de expertos. Ahora los acusados podrán retomar el informe en su defensa. La opinión pública continuará con un debate más informado sobre un asunto que aún la indigna y la consterna.
Desde luego, tampoco el GIEI es dueño de la “verdad histórica”. Pero sería un error que la PGR no tomara en cuenta sus hallazgos y recomendaciones, y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Deberá revisar lo que se ha cuestionado, atender las recomendaciones y tratar de cerrar el caso de la manera más sólida y convincente.
Consejero electoral del INE
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