¿Qué hacer con el dinero para campañas no gastado?

El sábado pasado, la Comisión de Fiscalización del INE concluyó la revisión de los dictámenes de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a diputados federales, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y juntas municipales que contendieron en las pasadas elecciones del 7 de junio.

En los dictámenes, el INE determina si el origen y el destino de los recursos utilizados en las campañas se apegó a las disposiciones legales: si quienes aportaron a las campañas podían hacerlo, si se respetaron los topes de aportaciones y gasto, si los partidos reportaron sus gastos, si se sujetaron a los límites en el manejo de efectivo, si comprobaron bien sus operaciones, etc. Cada dictamen se acompaña de una resolución, en la que se determinan las sanciones por las faltas u omisiones al cumplimiento de las normas.

Los dictámenes y las resoluciones ya están listos. Se presentarán al Consejo General del INE en la sesión programada para el lunes 20 de julio. Con su aprobación, el INE concluye con la entrega de los resultados del pasado proceso electoral y remite al TEPJF los expedientes para la calificación de las elecciones.

Hay un aspecto de los dictámenes que me gustaría destacar: la propuesta de la Comisión de Fiscalización para que se determine contablemente cuánto del financiamiento público que se dio a los partidos para las campañas se utilizó para este fin y, en caso de encontrar remanentes, ordenar que se reintegren al erario público.

Se trata de una medida novedosa. Por tradición, se ha permitido a los partidos quedarse con ese dinero y destinarlo a un fin distinto para el cual se les dio: gasto de campaña. Anteriormente, la ausencia de una contabilidad integral de las finanzas electorales federales y locales no permitía saber oportunamente si les había sobrado dinero. Hoy tenemos ya un sistema nacional de fiscalización que nos da la capacidad de rastrear cada peso del financiamiento público y ver si su ejercicio está adecuadamente comprobado.

La Constitución y la ley son bastante claras: el financiamiento público para campañas se da para un fin específico y se tiene que ejercer durante un periodo específico. Es para las campañas, y tienen que gastarlo en el proceso electoral. Permitir que los partidos se queden con este dinero sería como consentir que lo usaran en algo diferente a lo autorizado, lo cual está prohibido.

¿De cuánto dinero estamos hablando? La verdad es que aún no lo sabemos a ciencia cierta. Falta aún que la Unidad Técnica de Fiscalización consolide los saldos de ingreso y gasto de las campañas federales y los locales, ya que, por ejemplo, los partidos pueden hacer transferencias de lo federal a lo local y viceversa.

Sin embargo, las cifras preliminares de los dictámenes indican que hay cerca de 200 millones de pesos que los partidos recibieron como financiamiento para las campañas federales que no están reflejados ni en los ingresos ni en los gastos de campaña. Además, un análisis de las cifras de todos los dictámenes de las campañas tanto federales como locales muestra que podría haber cerca de 365 millones que se registraron como ingresos de campaña, pero que no se gastaron.

Pero aunque las cantidades que al final determine la UTF fueran menores, la regla del reembolso de los recursos públicos no utilizados sería un paso hacia adelante en la fiscalización de las finanzas de los partidos. La medida no sólo tiene un fundamento legal sólido, sino que, además, promovería el comportamiento financiero responsable de los partidos, pues si no reportan y comprueban de forma adecuada el gasto de campaña, tendrían que devolver el dinero.

Consejero electoral del INE