Cómplices y encubridores

Cada día aparecen nuevas revelaciones sobre el comportamiento de muchos gobernadores que, en una carrera criminal, no conocieron límites.

Los mecanismos que les permitieron saquear las arcas públicas incluyen desde una compleja ingeniería financiera, asesorada por “prestigiosas” empresas especializadas en reestructuras, hasta burdas chapucerías como la creación de empresas fantasmas, cuyos domicilios suelen corresponder a modestas viviendas o, incluso, talleres mecánicos; el desvío de recursos públicos, vía asignaciones amañadas, hacia las cuentas de presta-nombres, o la desincorporación, a precios de remate, del patrimonio territorial del estado, como ocurrió en Chihuahua y en Quintana Roo (Roberto Borge benefició a su familia y amigos con terrenos en Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Cozumel y otros municipios).

Los ex gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Miguel Alonso Reyes, Egidio Torre Cantú y Jorge Herrera Caldera están en la mira y ahora se ofrecen 15 millones de recompensa a quienes den información que lleve a la captura de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas.

Sin embargo, poco se dice de quienes, con su silencio o complicidad favorecieron estos manejos; más grave aún en el caso de quienes, como los diputados del Congreso local, tenían la responsabilidad constitucional de ser contrapeso al Poder Ejecutivo y convalidaron los atracos.

La voracidad de Javier Duarte se conoció desde los primeros días de su gestión con el escándalo de los 25 millones en efectivo, descubiertos en el aeropuerto de Toluca, que transportaban funcionarios de la Tesorería del estado. Sin embargo, nada ocurrió: un juez dispuso que se devolviera al gobierno de Veracruz el dinero retenido. Después de esa experiencia de impunidad, su glotonería alcanzó niveles demenciales.

En los medios de comunicación locales, especialmente en Veracruz, las denuncias podían resultar en una sentencia de muerte. Por el contrario, en la capital del país no faltaron periodistas que escribieron historias a modo, así como despachos de consultoría que, mediante jugosos honorarios, aconsejaran a estos gobernadores insaciables cómo mejorar su imagen; para no hablar de altos funcionarios federales que los protegieron…

También encubridores han sido los partidos. El PRI, después de un largo silencio de casi seis años, apenas procesó una tímida expulsión de Javier Duarte. El panista Guillermo Padrés está ya tras las rejas, también uno de sus hijos, pero nunca fue denunciado por Acción Nacional.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho un trabajo profesional y ha sustentado sus denuncias ante la PGR: entre marzo de 2014 y septiembre de 2016 presentó 260 denuncias; 53 de la administración de Veracruz, 23 de Jalisco, 21 de Michoacán, 19 de Morelos y 17 de Chihuahua. No obstante, hasta la fecha, ninguna de esas denuncias ha llevado a sancionar a los responsables.

Una vez que el daño está causado, que las finanzas públicas reventaron y no hay siquiera con qué cubrir pagos elementales de nómina o medicinas en los hospitales, empieza la persecución ministerial. Al clamor popular de “meter a la cárcel” a los ex gobernadores debe seguir igual reclamo para fincar responsabilidades a sus cómplices y restituir a las arcas públicas los dineros mal habidos.

Rodrigo Medina, nada que temer. El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, como algunos otros, podría evadir la justicia. La fórmula, probada muchas veces, consiste en contratar un abogado de postín, con los arreglos convenientes a nivel del Ministerio Público, jueces y medios de comunicación que, en perfecta sintonía, consiga que el Ministerio Público arme una averiguación deficiente que permita al juez desestimar las acusaciones (siempre hay resquicios en la ley). Luego vendrá el turno del periodista —si es conductor de un medio con buena audiencia, mejor—, quien le ofrece espacios al abogado defensor para que argumente a favor de su cliente y anuncie que las acusaciones se han desvanecido.

Los ranchos y demás propiedades de la familia Medina no prueban nada, ni siquiera el delito de enriquecimiento ilícito. Lo que sigue es apostarle al olvido o a que un nuevo escándalo tape éste.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate