Nuevos informes, las mismas inercias

Año con año el país vuelve a reprobar en los índices internacionales. En el frío enero, dos mediciones nos volvieron a colocar en graves problemas: Human Rights Watch (HRW) nos recordó la crisis de derechos humanos y Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 95 de una tabla de 168 países, muy lejos de otros países latinoamericanos como Uruguay, Chile y Costa Rica, que están en el sitio 21, 23 y 40 respectivamente, incluso lejos de Brasil que está en el lugar 76. Por supuesto, también estamos en el último lugar de la OCDE (34). Parece como si algo se hubiera fracturado en el país y no se ha podido reconstruir aún, como si estuviéramos amarrados a una inercia que no se puede romper.

Todos los días escuchamos de los supuestos esfuerzos que se hacen para combatir la corrupción y para salir del horror en el que vivimos desde que se inició la guerra con el narco. Pero la realidad y las inercias destruyen los discursos. México es hoy un país más violento y cruel. Los capos de la droga controlan territorios, imponen su ley y dejan su huella violenta. Seguimos sin mejorar, sin tener una clara frontera entre legalidad e ilegalidad, entre autoridad y delincuencia. Los datos son alarmantes: en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto hubo 65 mil 209 ejecuciones; los estados más violentos son el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Michoacán (sinembargo.mx, 27/I/2016). En tres de ellos se dará la próxima gira del papa Francisco. México reprueba por cuarto año consecutivo en materia de corrupción y de acuerdo a Transparencia Internacional México obtiene sólo 35 sobre 100 puntos.

Tanto la corrupción como la violación de derechos humanos encuentran puntos de coincidencia. La experiencia en otros países indica que la corrupción se combate con ingenierías institucionales en donde el sistema de justicia tiene autonomía y es eficiente. Se necesita tener fiscalías con capacidad y fuerza para regular y sancionar la corrupción. La experiencia en México es un desastre, sólo hay que ver lo que hizo Peña Nieto con el escandaloso caso de corrupción de su gobierno, la Casa Blanca: puso a un subordinado en lugar de generar un mecanismo independiente.

De acuerdo a HRW se enfatiza de nuevo que “miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado” (HRW, México, 2016). El informe de esta organización revisa cada uno de los temas graves de la crisis de derechos humanos: en desapariciones forzadas, ya se contabilizan a más de 25 mil personas desaparecidas desde 2006; en ejecuciones extrajudiciales los casos de Apatzingán, Tanhuato y Tlatlaya siguen sin resolverse; las denuncias sobre tortura se duplican entre 2013 y 2014; sobre los grupos de autodefensa, no hay una evaluación independiente de lo que ha sucedido en Michoacán; el ataque a periodistas y defensores de derechos humanos sigue, ya son 103 periodistas asesinados y otros 25 desaparecidos desde el año 2000. El gobierno se defiende y descalifica a los mensajeros, pero la inercia es tan grave que ya se han retenido 5 millones de dólares de los fondos de la Iniciativa Mérida por incumplimiento de derechos humanos.

Este país fracturado no ha podido sanar con nuevas leyes. Las reglas sobre desapariciones forzadas y tortura, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la Ley de Víctimas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el sistema anticorrupción, la Ley de Transparencia, no han mejorado la situación. Como se decía antes, una cosa es el país legal y otra es el país real. Para ir de las reglas a las prácticas hay que pasar por buenos desempeños y construir confianza. ¿Cuántos ex gobernadores impunes más; cuánto saqueo de las arcas públicas es tolerable; cuánta destrucción de la naturaleza por corrupción como en el manglar de Tajamar, Cancún; cuánta impunidad más; cuántas desapareciones forzadas como los 43 de Ayotzinapa y ahora los 5 de Veracruz; cuántos informes internacionales más sobre violencia y corrupción? ¿Cuántos?

Investigador del CIESAS

@AzizNassif