Durante la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Secretario General, Ban Ki-moon, adelantó que el Acuerdo de París entraría en vigor antes de 2017, al anunciar que 60 países ya lo habían ratificado.

La próxima semana, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recibirán a ministros de finanzas y responsables de bancos centrales para sus reuniones anuales en Washington.

A primera vista podría parecer que estos dos eventos no tienen nada en común. Sin embargo, la inminente ratificación del Acuerdo de París —un acuerdo mundial para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C— representa un inmenso logro y un verdadero triunfo del multilateralismo. Esto nos lleva además a concentrarnos en la siguiente fase: ¿cómo implementar el Acuerdo en todo el mundo?

Esto nos da la primera idea de por qué los ministros de finanzas y los banqueros centrales, camino a Washington, son tan relevantes. En estos momentos se busca avanzar para alcanzar la movilización anual de 100 mil millones de dólares de financiamiento para 2020 de los países desarrollados a las economías en vías de desarrollo. La implementación de proyectos específicos también está ocurriendo. Por ejemplo, el financiamiento del Fondo Verde para el Clima está ayudando a mejorar las resiliencias costeras y urbana en Bangladesh; y en Tanzania, más de 100 mil hogares tienen hoy electricidad gracias a Off-Grid Electric, una empresa que produce energía limpia respaldada con financiamiento del Million Solar Homes Fund.

En su conjunto, el costo de la transición a un futuro bajo en carbono se mide en billones de dólares. Esta cifra claramente sobrepasa la capacidad de los gobiernos. Ningún gobierno, sin importar lo rico que sea, puede financiar la acción climática a través de impuestos y/o endeudamiento. Se estima que para cumplir los objetivos del Acuerdo de París hace falta invertir unos 90 billones de dólares en infraestructuras, agricultura y sistemas energéticos de aquí a 2030.

Se requiere capital privado. Es evidente que alinear el sistema financiero mundial a las necesidades de la acción climática y el desarrollo sostenible es tan relevante como las medidas para reducir las emisiones y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Pero existen 300 billones de dólares en activos —que poseen bancos, mercados de capitales e inversionistas institucionales—, por lo que enfrentamos un problema de distribución del dinero más que uno de rotunda escasez.

Ya se están involucrando ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Los de las naciones del G20 acordamos recientemente un conjunto de medidas para mejorar la capacidad del sistema financiero mundial para generar inversiones verdes. Un área prometedora es el desarrollo del mercado de bonos verdes en el que empresas y municipios pueden obtener recursos etiquetados para prioridades como energías renovables, construcciones eficientes y gestión del agua. En lo que va del año, el valor total emitido de bonos verdes es superior a los 45 mil millones de dólares, una cantidad cuatro veces superior a la de 2013. Un ejemplo es Nacional Financiera, que en noviembre pasado emitió su primer bono verde por 500 millones de dólares, para financiar energía eólica en Oaxaca, Nuevo León y Baja California.

No obstante, los mercados financieros del mundo aún no incorporan plenamente los factores climáticos ni en el precio de los activos, ni en la evaluación de riesgos. En respuesta, el Consejo de Estabilidad Financiera creó un grupo de trabajo de divulgación de información financiera relacionada con el clima liderado por el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Sólo mejorando y haciendo más consistentes los reportes podrán bancos, fondos de pensiones e inversionistas privados entender cómo la transición hacia una economía baja en carbono impacta las inversiones.

En los últimos cinco años se ha duplicado el número de políticas y medidas regulatorias tendientes a construir un sistema financiero más sostenible. Esta es una de las conclusiones clave de un nuevo informe publicado por la ONU Ambiente. El reporte cita que las medidas que han tomado ministros de finanzas, bancos centrales y reguladores para promover las finanzas sostenibles ascienden ya a 217 en casi 60 países.

Todas estas señales son prometedoras, sin embargo, la arquitectura financiera mundial todavía no está en condiciones de generar la transformación necesaria.

Los planes de acción climática nacionales (INDCs por sus siglas en inglés) de los gobiernos representan una mejora real, pero no proporcionan el estímulo necesario para encauzar los capitales hacia la acción climática global requerida. Si bien los inversionistas están empezando a medir la huella de carbono de sus carteras e incrementar su exposición a activos verdes, solo una pequeña minoría cuenta con estrategias climáticas integrales.

El sistema financiero necesita evolucionar y poner precio a los riesgos medioambientales, superar el cortoplacismo y proporcionar mayor transparencia sobre su desempeño en la acción climática. Para que esto ocurra lo antes posible será necesario que diferentes actores pongan en marcha políticas y regulaciones financieras reforzadas a favor del Acuerdo de París. Si lo hacemos bien, el capital privado responderá y veremos fluir los billones necesarios para la transformación en todo el mundo.

Agustín Carstens es gobernador del Banco de México y Patricia Espinosa es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

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