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Sin que los ciudadanos en general nos demos cuenta, en este momento se está gestando un proceso que afectará por mucho tiempo nuestras vidas y las de nuestros hijos. Me refiero a la redacción de la Constitución de la Ciudad de México que lleva a cabo un grupo de cien distinguidos ciudadanos.
La redacción de la Constitución abre la oportunidad de cambiar la forma en la que nuestra ciudad ha venido desarrollándose, es decir, sin un proyecto y una visión clara del futuro que queremos y sin una estrategia para lograrlo.
Está claro que a pesar de las importantes acciones e inversiones que lleva a cabo el gobierno para tratar de evitar un desarrollo sin rumbo, nos está llevando a más congestionamiento, más contaminación y deterioro económico y a una cada vez menor calidad de vida.
Debemos definitivamente cambiar la estrategia con un plan con visión integral de largo plazo, que efectivamente corrija las tendencias de deterioro de la calidad de vida que experimenta nuestra ciudad.
Para ello, la Constitución debe establecer la obligación de que el gobierno, con participación de la sociedad y con el debido soporte técnico, tenga y aplique un proyecto de ciudad, diseñado para impulsar con eficacia el desarrollo económico, para combatir la pobreza en sus causas y para preservar los valores ambientales.
El referido plan o programa debe formar parte de una estrategia de ordenamiento metropolitano, concertada con los gobiernos de los estados de México y de Hidalgo.
Urge que pasemos de las improvisaciones a la ejecución de una estrategia bien razonada y diseñada, con base en la cual todos, y no sólo el gobierno, actuemos racionalmente para lograr la Ciudad que queremos.
Es por ello que ese programa y la estrategia correspondiente, deben ser concertados con las alcaldías y con la sociedad en su conjunto. El programa debe traducirse en acuerdos y compromisos que hagan concurrir la actuación de los gobiernos, de los inversionistas y de la población hacia su materialización.
Estamos hablando de la urgencia de hacer un cambio importante en el proceso que está siguiendo el desarrollo de la Ciudad, que ya no puede basarse en soluciones improvisadas a emergencias anunciadas. No puede resolverlas únicamente el gobierno por sí solo; requiere de la participación de todos. Al gobierno le corresponde convocar, coordinar y sumar a todos en la ejecución de la estrategia.
El Gobierno Central debe asegurar la congruencia y concurrencia de los programas y acciones de cada una de sus dependencias. No debe haber programas de movilidad al margen de los programa de usos del suelo, tampoco deberá haber programas de ordenamiento ambiental ajenos a la estrategia de desarrollo integral. Está probado que de nada sirve la construcción de líneas de metro o viaductos elevados sin una política realista y congruente de vivienda, de densificación y de conducción del uso del suelo basada en una estrategia integral de reestructuración urbana que reduzca las distancias y los tiempos de desplazamiento.
El Programa de Ordenamiento Territorial, por lo tanto, debe integrar los programas de movilidad, de infraestructura hidráulica, de ordenamiento ambiental, de vivienda, de uso del suelo y de previsión de riesgos.
El programa no debe limitarse a establecer normas para la acción de los particulares, sino que debe plantear y apoyar las obras y acciones estratégicas a realizarse con la participación social y la inversión privada. Debe ser un instrumento para promover, impulsar y coordinar la acción corresponsable de los particulares, hacia la ejecución del proyecto de ciudad.
La Asociación Mexicana de Urbanistas, AC propone un cambio de enfoque, que deberá verse reflejado en la Constitución de la Ciudad acompañada de los siguientes instrumentos:
Como ya lo han propuesto algunos de los miembros de la Asamblea Constituyente, debe establecerse un Instituto de Desarrollo Urbano Metropolitano que se haga cargo de la formulación del Programa y de la Estrategia de Desarrollo.
Debe ser obligatorio que la Ciudad cuente con un programa y una estrategia de desarrollo que forme parte de la Estrategia de Ordenamiento Metropolitano; que sea participativa, multisectorial y que esté fundamentalmente orientada a impulsar el desarrollo económico y a ampliar el acceso de la población más pobre a las oportunidades de empleo y de desarrollo.
Se debe condicionar la autorización de los programas sectoriales de las dependencias del Gobierno y de las Alcaldías, a un dictamen de congruencia con el Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad.
Se debe emprender un programa de modernización del marco jurídico y administrativo que norman el desarrollo urbano y la vivienda en la Ciudad.
Se debe crear un fondo de desarrollo y reestructuración urbana, de participación público-privada, destinado a cubrir los déficit y la demanda de infraestructura que generan nuevas construcciones.
Se debe establecer un perfil profesional mínimo de los funcionarios a cargo de la conducción del desarrollo urbano y de la vivienda .
Se debe difundir activamente la cultura urbana y promover la participación corresponsable de la sociedad en la solución de los problemas urbanos y la conformación de la Ciudad que queremos.
Debemos pasar de una gobernanza administradora de los problemas, a una gobernanza proactiva de sus soluciones.
La participación concurrente de la sociedad, garantiza la materialización de una Ciudad más productiva, más accesible y más justa.
