Casi cien candidatos ceden por amenazas

Desde el inicio del proceso electoral a la fecha, en los estados de Michoacán y Morelos muchos de los candidatos se han bajado de la contienda y otros han solicitado protección para garantizar su seguridad.

En Michoacán, 90 aspirantes a algún cargo de elección popular han presentado sus cartas de renuncia al Instituto Electoral del Estado, mientras que 66 candidatos tienen protección.

Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno en la entidad, expuso que para ello, han destinado 283 agentes policiales para escoltar a los abanderados.

Comentó que, con eso, se cumple el protocolo de seguridad, del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

“Estamos de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Guardia Civil, atendiendo todas las solicitudes y planteamientos para que se cumplan con los protocolos de seguridad que se establecen”, sostuvo Ibarra Torres.

El secretario precisó que de los candidatos que cuentan con seguridad, 65% corresponde a hombres y 35% a mujeres. Además, subrayó que quienes más han solicitado protección, son los candidatos a presidentes municipales.

En tanto, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, confirmó que más de 30 candidatos a diferentes cargos de elección solicitaron medidas de seguridad para el desarrollo de las campañas.

Las peticiones se enviaron a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) como responsable de ponerse en contacto con los candidatos y evaluar el nivel de riesgo de cada uno, dijo la consejera electoral.

Desde marzo pasado, los dirigentes de los partidos políticos que integran la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, entregaron al fiscal Uriel Carmona, una lista de 32 candidatos que, dijeron, se encuentran en riesgo por las amenazas y las agresiones de las que han sido víctimas.

Entre el fiscal y los dirigentes del PRI-PAN-PRD-RSP establecieron su propia Mesa de Coordinación para analizar los casos de los candidatos considerados en alto riesgo por las amenazas y agresiones que han sufrido, pero hasta el momento no se conocen las medidas aplicadas en favor de estos candidatos.