“Beneficio de la duda,” pidió para Raúl Cervantes en estas páginas, el articulista Pedro Salazar, cuando lo nombraron procurador (03/11/16). Esa duda, pequeña o grande, era la materia privilegiada con que contaba el ex titular de la PGR para hacer la reforma hacia la fiscalía general.

La noticia de su renuncia tiene hoy un significado principal: la duda creció hasta hacer imposible su tarea.

Cervantes contaba con atributos destacados para sacar adelante la responsabilidad que tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el Senado de la República le habían encomendado. Es sin duda un talentoso abogado y sobre todo un gran constitucionalista. Además, por su carrera política, es un hombre que, de partida, podía sostener interlocución con los actores políticos que más pesan en el país.

Tomó sin embargo el reto cargando con dos desventajas. De un lado la proximidad con el Ejecutivo y el PRI no lo ayudaron a presentarse como un procurador – mucho menos como un fiscal – con independencia política. Y segundo, Cervantes carecía de trayectoria próxima a las organizaciones que han dado la difícil batalla por los derechos humanos y la anti-corrupción.

La duda sobre la independencia de Cervantes se despejó cuando el PAN retiró, desde la cúpula, el apoyo al ex procurador. Esa estocada fue sin duda definitiva. A lo anterior se sumó que, a pesar de invertirse personalmente en ello, los temas de derechos humanos más álgidos – destacadamente el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa – no encontraron cauce ni salida durante su gestión.

Cervantes es un hombre con visión suficiente para saber que el beneficio de la duda se había agotado.

ZOOM:

sería lamentable que la reflexión liderada por el ex procurador durante este año, a propósito de la futura fiscalía de la República, vaya a dar a la basura. A estas alturas, un borrón y cuenta nueva sería más costoso que benéfico.

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