No es bancarrota, es desaceleración

Empecemos por precisar los términos de otra polémica declaración de AMLO. Dijo el domingo en Nayarit: el país está en bancarrota y por eso no se podrán atender todas las necesidades. Pero aclaró: las promesas de campaña se cumplirán.

Hablar de bancarrota suena excesivo, así que la pregunta es si realmente México está en semejante condición.

Uno de los significados del término, según el Diccionario de la Real Academia Española es estar en la ruina económica o en la quiebra, situación ésta que da lugar a un juicio por el que se te incapacita patrimonialmente por insolvencia y se procede a ejecutar todos tus bienes en favor de la totalidad de tus acreedores.

No estamos, por cierto, en situación de insolvencia pese a lo abultado de una deuda que, según Hacienda, sigue estando en rangos manejables como proporción del PIB, aunque su servicio devore anualmente montos estratosféricos del presupuesto anual.

Aún así, la situación no es ni remotamente parecida a la de la década de los ochenta, cuando Miguel de la Madrid estuvo a nada de declarar la moratoria de pagos, o a la de los noventas, cuando en un primer tiempo Salinas de Gortari debió renegociar los pasivos nacionales ante la fuerte presión de los bancos acreedores, o en un segundo tiempo cuando Zedillo debió empeñar la factura petrolera del país para obtener de EU una línea de crédito que le permitiera salir de la crisis del peso generada por el llamado error de diciembre de 1994.

Pero veamos indicadores recientes:

Creció en agosto pasado, comparado con el mismo mes de 2017, el Índice de Confianza Empresarial medido por el Inegi: 0.5% en las manufacturas y el comercio, y 1.6% en la construcción. El Índice de Confianza del Consumidor bajó 0.2% en su comparación de julio a agosto, pero anualizado se mantuvo sin cambios en 16.2%.

La tasa de desempleo rozó 3.4% en agosto pasado cuando hace un año era de 3.3%, mientras que la de su ocupación pasó de 6.3 a 7%.

Pero el Inegi reportó que la tasa de crecimiento disminuyó 0.2% del primero al segundo trimestre de este año, cuando en el mismo período del año pasado creció 1.6%.

En esa misma línea, el Banxico bajó la perspectiva de crecimiento del año de 2.25 a 2.10% (ajuste de poco más de 7%, según el análisis del maestro Ignacio Martínez Cortes de la UNAM). Y a principios de este mes, el FMI renovó a México la carta de intención de un crédito puente por 88 mil millones de dólares.

La lectura es que los índices de confianza (empresarial y del consumidor) se contraponen con los datos estimados del crecimiento de la economía.

O dicho de otro modo: empresarios y consumidores tiene perspectivas halagüeñas, quizás como nunca antes frente a un cambio de gobierno; pero los inversionistas no vislumbran un panorama positivo.

Todo lo referido, entonces, más bien sugiere desaceleración de la economía, no bancarrota.

Por qué entonces utiliza el término el presidente electo.

En principio porque son ideas y palabras que surgen al calor del mitin, lo que AMLO ya debería dejar atrás como presidente electo (recuérdese a Fox —y discúlpeseme la comparación con tan fantoche personaje— quién nunca dejó de ser candidato); pero no se descarte en ello una bien pensada estrategia de comunicación política.

No para ir marcando distancia respecto a la imposibilidad de cumplir todas las promesas de campaña, como simplista y mañosamente se interpreta en algunos sectores.

Más bien para bajar las altísimas expectativas de cambio generadas por la victoria electoral de López Obrador.

Pero la estrategia de comunicación política también podría apuntar hacia el otro significado del término bancarrota: hundimiento o descrédito de una doctrina.

Hablar de bancarrota es, por tanto, hablar de un sistema quebrado, de la necesidad, pues, de un cambio de régimen.

No se olvide, sin embargo, que el peso de las palabras es diferente en voz de un candidato, que en la de un presidente electo o en la del Presidente de la República.

Si éste habla de bancarrota está mandando señales a los mercados muy dañinas para el país o, en términos políticos, el anuncio de que lo que se viene es un fracaso.

INSTANTÁNEA: DEUDAS. Pemex continúa sin pagar la deuda por 36 millones de dólares que tiene con la empresa Consorcio Grup Servicci Petroliere (GSP) por el arrendamiento de una plataforma de perforación marina en el Golfo de México. El contrato, asegura la empresa, fue firmado con Pemex Perforación y Servicios el 11 de enero de 2013, por mil 66 días, pero fue terminado antes, el 30 de abril de 2015, por la petrolera y sin explicación. La deuda ronda hoy en 41 millones de dólares, por los intereses acumulados. Buen paquete para el nuevo gobierno y la próxima administración de Pemex.