¿Estarán todos embarrados?

Ingenuo sería pensar que no tiene motivaciones político-electorales la denuncia de hechos presentada el martes pasado en la PGR por la campaña de Ricardo Anaya y que involucra en un daño patrimonial a Pemex al presidente Peña Nieto, al ex presidente Felipe Calderón y al candidato José Antonio Meade como parte de una red de corrupción que incluye a otros altos funcionarios públicos y a empresas mexicanas y extranjeras.

Claro que las tiene en por lo menos dos sentidos: 1. La pretensión del aspirante presidencial del PAN-PRD-MC de reposicionarse ante el estancamiento de su candidatura tras las acusaciones de corrupción que le ha enderezado el gobierno federal; y 2. La maniobra emprendida por Anaya para no perder el control de Acción Nacional si resulta perdedor en las elecciones que tendrán lugar dentro de once días.

Pero más allá de esas motivaciones político-electorales, lo que demuestra la denuncia presentada por los abogados Paulo Jenaro Díez Gargari y Alfredo Figueroa Fernández en un documento de 34 hojas oficio, es la trama de los grandes negocios que se hacen y se han hecho al amparo de la privatización de la industria petrolera, del uso del poder político para conseguirlo, del tráfico de influencias y de los acuerdos transexenales de impunidad.

Y esto no elimina el entendimiento y la aceptación de que el futuro de la industria petrolera, aquí y en China, requiere de la participación del capital privado, pero lo denunciado hace saltar los excesos de corrupción en que se ha caído con la complicidad pública.

Esta trama tiene que ver con la producción de polietileno, uno de los plásticos más comunes y necesarios para la fabricación de innumerables productos de consumo. Está relacionada con la planta Etileno XXI que opera en Coatzacoalcos desde 2016 y en la que invirtió la empresa brasileña Braskem, subsidiaria de Odebrecht (la del escándalo de los sobornos a gobiernos de toda América Latina), asociada con la mexicana Idesa.

Pemex firmó con ellas un contrato de suministro de etano (hidrocarburo necesario para la producción del polietileno y del que se dijo se contaba con reservas cuando en realidad somos importadores netos), a precio barato, mientras que el gobierno decretó impuestos a la importación de polietileno, lo que habría desplazado a posibles competidores y permitido a Etileno XXI venderlo en México caro. Con dicha maniobra, Etileno XXI habría generado una pérdida a Pemex de mil 935 millones de pesos, sólo entre abril y diciembre de 2016, según la Auditoría Superior de la Federación.

¿Quiénes son —de acuerdo con la denuncia— los personajes y empresas involucrados en esta trama?

1. Por supuesto la brasileña Braskem, subsidiaria de Odebrecht, y también la mexicana Idesa, propiedad de la familia de Gerónimo Gutiérrez, actualmente embajador de México en EU, y amigo desde el ITAM de Luis Videgaray y José Antonio Meade.

2. El hoy candidato del PRI-Verde-Panal, quien era subsecretario de Hacienda cuando se firmó el contrato. De hecho, él presidió esa reunión del Consejo de Administración de Pemex. Según la denuncia, desestimó las advertencias de inviabilidad del proyecto que hizo el entonces consejero de la petrolera Rogelio Gasca Neri. El 23 de noviembre de 2012, ya como secretario de Hacienda y a siete días de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, firmó con éste el primer decreto mediante el que se incrementó el impuesto a la importación de polietileno.

3. Emilio Lozoya Austin, acusado por ejecutivos de Odebrecht de recibir durante 2012 varios millones de dólares que pudieron haber sido destinados a la campaña presidencial de Peña Nieto y que habrían sido entregados para garantizar la continuidad de Etileno XXI y amarrar otros proyectos. Como director de Pemex (2012-2016) firmó el 13 de diciembre de 2012 la adjudicación directa para la construcción del ducto de suministro de etano a la empresa IEnova, cuyo presidente de Consejo es Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, y consejero de la española OHL junto con Lozoya Austin.

4. Enrique Peña Nieto, quien ratificó el 6 de enero de 2016, junto con su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el decreto con el que se aumentó el arancel a la importación de polietileno.

Tales son las acusaciones de la denuncia y en la que la brasileña Odebrecht aparece como el diablo que ha besado a varios. Ese componente le da fuerza a sus implicaciones político-electorales. Si no repare usted en el señalamiento que hizo Meade durante el tercer debate en relación con la empresa Idesa. Al referir su asociación con Braskem, subsidiaria de Odebrecht, dio a conocer la participación accionaria que tiene en ella Javier Jiménez Espriú, propuesto por AMLO como secretario de Comunicaciones y Transportes en caso de ganar la elección. Este personaje no está incluido en la denuncia de Anaya, pero ya le contaré en la próxima entrega de dónde salió ese gancho al hígado al candidato presidencial de Morena-PT-PES.