El Tribunal Electoral ordenó al INE que diera por buenos los apoyos para la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y lo incluyera en la boleta. Fue una votación dividida. En contra estuvieron los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata. A favor se manifestaron Mónica Soto, José Luis Vargas, Indalfer Infante y Felipe Alfredo Fuentes. El argumento para regresarlo a la boleta fue que el INE no otorgó al gobernador con licencia de Nuevo León la garantía de audiencia para revisar la totalidad de los apoyos inválidos.

Dos efectos lamentables de esta decisión. Por un lado, la figura de candidatos independientes queda muy lastimada. Con el descrédito que tienen los partidos políticos, festejábamos la posibilidad de acceder al poder sin ellos. Apenas estrenamos esta figura y resulta que muchos presentaron firmas falsas. Aspirantes al Legislativo quedaron fuera de la contienda por incurrir en estas prácticas. Más delicado aún. Tendremos a un candidato a la presidencia al que el INE frenó por hacer trampa y el Tribunal, o mejor dicho cuatro de sus magistrados, regresaron a la contienda. El Bronco no estará en la boleta porque las firmas que presentó sean válidas, estará por la forma y el tiempo en los que el Instituto Electoral revisó esos “apoyos”.

Por otro lado, está el daño a la autoridad electoral. Pedía Lorenzo Córdova desde el año pasado, que hubiera una buena coordinación entre las autoridades electorales. “Contribuyamos para que INE, FEPADE y el TEPJF confeccionemos el entendimiento institucional que dé certeza a las elecciones y viabilidad al complejo entramado de la democracia.” Hablaba de una institucionalidad entreverada, compleja y fuerte. Luego de las muchas y públicas diferencias entre el INE y el Tribunal Electoral, parece que lo de fuerte ya no se logró. Nuestras instituciones electorales están debilitadas y eso es muy preocupante. Si el resultado es cerrado y hay impugnaciones, es ese tan cuestionado tribunal el que va a tener las decisiones en sus manos. Nada menos.

HUERFANITO. Hablando de magistrados, Estados Unidos incluyó en la lista de los más buscados por el FBI a Rafael Caro Quintero. Ese país ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a su captura. ¿Qué opinará al respecto Rosalía Isabel Moreno Ruiz? Ella es la magistrada que, desde un tribunal colegiado en Jalisco, propuso el proyecto que permitió liberar al narcotraficante. La Suprema Corte revocó luego el amparo que llevó a la excarcelación del capo, pero para entonces, ya no estaba localizable. Y así sigue.

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