Financiamiento privado, obligada rendición de cuentas

En la perspectiva de que se apruebe la propuesta del PRI a fin de dar por terminado de manera permanente el financiamiento público para todos los partidos, lo que implicaría dar un paso decisivo hacia la “democracia” oligárquica, hay que actuar con celeridad.

Lo que el pueblo quiere es que esos organismos no sean tan onerosos como inservibles, como de larga data lo han demostrado. Por ética y recato, pero sobre todo por la urgencia que vivimos, están obligados a la moderación y a un poco de austeridad.

La iniciativa priísta, que tiene como argumento irrefutable el propósito de que los cuantiosos recursos que por ley se destinan a los partidos sean canalizados a la reconstrucción de los daños que causaron los sismos del 7 y 19 de septiembre, debe concretarse a la brevedad posible.

Los pretendidos objetivos que estaría buscando el PRI de dejar sin dinero a los demás partidos, de que estando en el gobierno eso no lo afectaría porque puede disponer de cualquier cantidad y de que podría, junto con otros, recibir financiamiento legal de la iniciativa privada, pero eventualmente ilegal del narcotráfico, pueden despejarse con base en una legislación adecuada.

La propuesta de Enrique Ochoa de eliminar 64 senadurías y 200 diputaciones federales plurinominales para ahorrar una cantidad importante y emplearla en levantar los escombros de los recientes fenómenos naturales, tendría que aprobarse sin discusión. No habría una sola persona que se opusiera a materializar esa necesidad.

De haber voluntad política mayoritaria, pero sobre todo conciencia, los representantes populares pueden darse el tiempo y crear las circunstancias que les permitan responder positivamente al clamor nacional de no gastar tanto en un sistema de partidos cuyo desempeño deja mucho que desear.

La difícil prueba a la que está siendo sometido el país por los temblores y en cuyo inicio de la reconstrucción la participación espontánea, desinteresada y solidaria de la ciudadanía ha sido determinante, obligaría a considerarla especialmente. Decidir la forma de hacerlo no implicaría dificultad ni demora.

Consultada la población y consensuada la decisión de caminar hacia la oligarquización de la política, en la que quienes pueden hacerlo financien partidos, candidatos y campañas, tendría éxito.

En ese supuesto, se estaría en ruta de construcción de una oligarquía democrática, lo que implica que la mayor parte de la población apoyarían la formación de autoridades plutocráticas con base en propuestas y programas ampliamente incluyentes que acotarían la distancia entre pobres y ricos y generarían concordia, paz, seguridad y bienestar para la mayoría.

Teóricamente, por contraparte, la oligarquía “democrática”, significaría la entronización de actores en cargos públicos que tendrían como distintivo sus fortunas. Por definición, sería un número limitado y es evidente que, en el ejercicio del poder, vería prioritariamente por los de su clase, lo cual ahondaría la discordia, las pugnas y la confrontación de la que como país no nos hemos podido liberar por siglos. Es lo que habría que evitar, precisamente.

La duda de que sin financiamiento público los partidos y los políticos se echarían en los brazos de los detentadores del poder económico, incluidos los grandes capos del crimen organizado, puede superarse con un fuerte y eficaz sistema de fiscalización que cancele esa posibilidad.

Después del desastre material en el que ha quedado México por los movimientos telúricos, y en los que la pérdida de vidas humanas es lo más doloroso, son indispensables cambios radicales, de fondo. El que propone el PRI, es consistente, viable, pero sobre todo necesario y urgente.

Está en manos de los congresistas impedir que la propuesta de algo que puede ser bueno, sea pernicioso y lamentable. Es lo que la sociedad espera de ellos. Es lo que bajo ninguna circunstancia le deben regatear.

Eso obligaría incluso a revisar el papel del INE, que, aun con un presupuesto colosal, ha demostrado reiteradamente su incapacidad para garantizar, como árbitro, la transparencia, legalidad y equilibrio en las competencias por los cargos públicos.

Esa transformación radical y hasta insólita, de llegar a concretarse, no debería abonar, real y pragmáticamente, al fortalecimiento de esa “democracia” cuya esencia estuvo siempre sustentada en mecanismos de protección de los intereses de un grupo gobernante y privilegiado, y al sindicalismo oficialista y pernicioso que prohijó.

Sotto Voce… 

Javier Corral, es una desilusión y un fraude como gobernador de Chihuahua. Los cambios que ofreció, sobre todo en materia de seguridad, no se ven por ningún lado. ¿Obedece esto a que, como sostienen colaboradores suyos, se entregó a los “malosos”, entre quienes habría parientes suyos? ¿Es por eso que el crimen organizado está incontrolable y siembra terror y muerte a cada momento? ¿Es por eso, como se asegura en una fuente confiable, que ya es investigado por los “nexos inconfesables” que tiene? César Duarte, podría incluso estar negociando “su asunto” a cambio de información. Queda claro que jamás tuvo calidad moral para ofrecer honestidad, atacando a su antecesor… Avelino Méndez, delegado en Xochimilco, es una vergüenza. No ha dado la cara pese a la urgencia de los sismos. Ya fue echado a patadas cuando se presentó para “ayudar” a los damnificados de San Gregorio. Hay quienes quieren ir a buscarlo a sus oficinas. Y no precisamente para impulsarlo a una diputación, la que pretende con toda impudicia.… ¿Con qué resultados y méritos la CNDH pide 2 mil 33 millones de presupuesto para 2018, si su papel es deplorable? ¿Valen tanto las recomendaciones que emite y que nadie toma en cuenta?... A la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, le cayeron encima todos los escombros de la escuela Enrique Rébsamen, que se desplomó por corrupción. Y muy difícilmente alguien podrá rescatarla.