Detrás de la propaganda negra

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El miércoles 25 de julio, la TEPJF (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) ordenó a las empresas Radiomóvil, DIPSA y AT&T entregar al Instituto Nacional Electoral (INE), antes de 72 horas, el nombre y el domicilio de los titulares de las líneas telefónicas que realizaron cientos de miles de llamadas contra Andrés Manuel López Obrador durante las campañas.

El Pleno de la Sala Superior del TEPJF además determinó, “de manera excepcional y por única vez”, suspender las multas que el INE había impuesto a AT&T y Telcel, por haber negado entregar tal información. Vale la pena destacar que la multa impuesta a Telcel ascendía a 20.159 pesos, cifra que Carlos Slim debe ganar en cuestión de segundos.

Debemos tener presente que en la última semana de junio, Morena interpuso ante el INE una queja por las llamadas contra López Obrador, entonces candidato presidencial de la coalición “·Juntos Haremos Historia”, las cuales fueron realizadas al amparo de un cuestionable argumento: el levantamiento de una supuesta encuesta telefónica. Incluso AMLO solicitó a Teléfonos de México colaborar en la identificación de las empresas que contrataron sus servicios telefónicos para realizar cientos de miles de llamadas.

La Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE consideró que efectivamente las llamadas representaban una falta, ordenó detenerlas e inició una investigación para determinar quién contrató las encuesta para desacreditar a López Obrador.

El INE solicitó el origen de las llamadas a los operadores telefónicos. En respuesta, entre el 9 y 13 de julio, Dipsa Móvil, AT&T y otros operadores de telefonía acudieron al TEPJF para impugnar la información solicitada.

Telcel presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Primero, especializado en Telecomunicaciones, además de someter recursos de apelación ante el TEPJF, argumentando que el INE no es la autoridad competente para exigir tal información.

Durante el desarrollo de las campañas por la presidencia de la República, fue desplegada una costosa campaña de propaganda negra contra López Obrador, la cual, no se limitó a la contratación de empresas dedicadas a servicios de telemercadeo.

La campaña de propaganda negra fue tan amplia como furiosa para impedir el triunfo del tabasqueño, hasta llegó a simpáticos disparates. León Krauze, en una nota en The Washington Post, del 19 de enero, se atribuyó el mérito de haber documentado las intenciones del gobierno ruso para “influir en las elecciones y desestabilizar a democracias funcionales”. Como prueba de la intervención rusa en México, Krauze Jr. advirtió un “conflicto de intereses” en el círculo cercano de López Obrador fundamentando tal aseveración en la participación de Eréndira Sandoval, esposa de John Ackerman, a quien señaló como miembro de los servicios de inteligencia del gobierno ruso.

A finales de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE había señalado a TKM Customer Solutions, INTELIFON, Massive Caller, Next Contact y Focus Investigations Inteliphone como las empresas que realizaron las llamadas telefónicas contra AMLO. Las referidas compañías negaron haber sido contratadas por algún partido político. Las llamadas, afirmaron, fueron realizadas por su iniciativa, patriótica coincidencia, seguro. Por supuesto, el argumento resulta increíble. Massive Caller reconoció que fue contratada por el equipo de campaña de Ricardo Anaya para realizar encuestas y sondeos.

El TEPJF no debería conformarse con los nombres y teléfonos de las personas y empresas que participaron en las llamadas en contra de López Obrador y Morena. Resulta indispensable conocer quiénes financiaron tales acciones y, mejor aún, quienes estuvieron detrás de la campaña de propaganda contra el hoy presidente electo.