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¿Qué hará la IP contra la corrupción en CDMX?

27/09/2017
01:59
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En la Ciudad de México, un paraíso inmobiliario para constructoras y cadenas comerciales, se necesitan dos cosas principales para levantar un edificio o abrir una tienda: dinero e influencias, y ambas casi siempre van de la mano. La primera es necesaria para edificar el inmueble y pagar mordidas a los funcionarios públicos; y la segunda se requiere para agilizar la obtención de permisos y ponerlos a modo (que si el uso de suelo no corresponde con el proyecto, lo modifican; que si la altura de la torre de departamentos no cuadra con la normatividad, también lo arreglan).

Este es el caso de un desarrollador de vivienda de lujo en la Ciudad de México donde están asociados ex funcionarios públicos de alto nivel y empresarios reconocidos. Resulta que dicha empresa, como buena parte de las que levantan edificios en la capital del país, paga mordidas para obtener de forma expedita las llamadas manifestaciones de construcción y los permisos de uso de suelo. También echan mano de un bróker y cabildero inmobiliario para conseguir lugares privilegiados en las delegaciones de mayor demanda, quien además pone en contacto a los directivos de la constructora con los funcionarios encargados de otorgar los permisos.

Negocio redondo para todos: la constructora vende a precios exorbitantes sus departamentos de lujo, el delegado de la demarcación se queda con uno de los inmuebles y el resto de los funcionarios involucrados se llevan su respectiva “mordida”.

Triste realidad. Sobre todo, tras el fatídico terremoto del 19-S que ha cobrado la vida de casi 200 personas en la Ciudad de México, muchas quienes se encontraban en inmuebles construidos sin las especificaciones de calidad y seguridad que la ley exige, los cuales, quedó claro, no fueron supervisados adecuadamente. Dicho de otra forma: hubo corrupción en buena parte de estas edificaciones y todos los involucrados deberían responder por ello. 

Por supuesto que ni el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macera, ni el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, ni los 16 delegados pueden sorprenderse con historias como la que me narraron dos empresarios del sector. La pregunta es si van a actuar en consecuencia o buscarán, como casi siempre lo hacen, echarle la culpa a las administraciones anteriores y evadir su responsabilidad. ¿Van a haber investigaciones puntuales y castigos ejemplares a las desarrolladoras que levantaron edificios de papel y a los funcionarios que otorgaron los permisos y/o no supervisaron las obras durante y después de su construcción?

Ahora bien, si los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México quisieran llamarse a sorpresa, conviene recordarles a una serie de datos duros que documentó la organización no gubernamental Impunidad Cero sobre los cerca de seis mil proyectos inmobiliarios que se construyeron en la capital en los últimos cinco años, pese a que fueron denunciados ante Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), que encabeza Miguel Ángel Cansino, por diversas irregularidades.

Según la ONG, el año pasado la PAOT recibió mil 271 denuncias dirigidas en contra de desarrollos de vivienda y comerciales que infringían los usos de suelo autorizados por la Seduvi, pero en ninguno de los casos se detuvo su construcción o se sancionó a funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque hay una larga cadena de corrupción y porque esto es visto como una práctica común en las delegaciones.

Los casos de irregularidades se concentraron en las delegaciones Cuauhtémoc, a cargo del morenista Ricardo Monreal, con 517 denuncias; Benito Juárez, al frente del panista Christian von Roehrichen, con 480 casos; Álvaro Obregón, de la perredista Antonieta Hidalgo, con 350; y Gustavo A. Madero, del también perredista Víctor Hugo Lobo, con 323 denuncias. En dichas demarcaciones sucedieron algunos de los derrumbes de construcciones más importantes tras el terremoto del martes pasado.

Hay muchos grandes empresarios mexicanos involucrados directamente o indirectamente con el negocio inmobiliario. Desde Carlos Slim, con su Inmobiliaria Carso y sus decenas de tiendas Sanborns, Telcel, Telmex…; pasando por los Baillères, la familia Michel, los Coppel, los Salinas Pliego y los Torrado, con sus ríos de tiendas departamentales, restaurantes y bancos que inundan las Ciudad de México; o los Chedraui, los Martín Bringas y la propia Walmart, con su miles de autoservicios. Ellos, de la mano de Mariasun, de los El-Mann y los Cababie, deberían formar un frente común para evitar que la corrupción siga poniendo en juego la vida de los capitalinos.

¿Alguien tomará la iniciativa?

Ojalá que sí.

Posdata. La forma como Miguel Ángel Mancera enfrente esta difícil coyuntura definirá su futuro político. A ver si se atreve a entrarle, con todo, al tema.

Twitter: @MarioMal
Correo: [email protected]
Mario Maldonado es periodista de formación. Se graduó de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y se ha especializado en asuntos de negocios, finanzas y economía en instituciones de México y...

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