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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un hombre de contradicciones. No lo digo únicamente por la alianza antinatura que acaba de amarrar con el Partido Encuentro Social para las elecciones del próximo año, sino porque muy a menudo se contradice en sus propuestas y se enreda con las explicaciones.
Esta semana, el político tabasqueño se registró como precandidato a la Presidencia de la República y presentó una serie de acciones de gobierno, entre ellas varias de corte económico, las cuales lucen como un balazo en el pie si en sus planes de campaña estaba sumar a la iniciativa privada del país y despejar la incertidumbre que representa su posible llegada al gobierno para los mercados financieros.
Hace unos meses, el entonces presidente de Morena hizo una tregua con muchos de los empresarios a quienes criticó en el pasado, principalmente propietarios de medios de comunicación. Los calificó de inversionistas honestos y posibles aliados en su proyecto de nación. Incluso dijo que se reunió en privado con varios de ellos.
Habló de Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones cuyo medio digital Uno TV tiene gran influencia en la opinión pública porque envía mensajes con “noticias” a sus más de 70 millones de abonados en Telcel. Dijo que es un empresario honesto, a pesar de que meses antes lo había acusado de haber incidido en la campaña del Estado de México a través de una serie de SMS en contra de su candidata, Delfina Gómez.
A Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen, lo sumó a su lista de empresarios que respeta. Lo mismo dijo de la multimillonaria María Asunción Aramburuzabala, dueña de negocios de tecnología, inmobiliarios y financieros; de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, y de Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca. A todos les lanzó un señuelo: “Soy el puntero, ábranme la puerta”.
Sin embargo, esta estrategia de acercamiento con empresarios y grupos de poder la echó por la borda esta semana, al presentar su decálogo de acciones que, pese a las generalidades y ambigüedades, deja claro que pretende dar marcha atrás a la reforma energética y a algunos proyectos de infraestructura como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
Sobre la reforma energética, pretende resolver la caída de la producción petrolera y el incremento de los precios de las gasolinas con la construcción de dos refinerías y la modernización de las seis ya existentes. Esto, “con el propósito de procesar en México todo el petróleo crudo y dejar de importar los 600 mil barriles diarios de gasolina que actualmente se compran con sobreprecios en el extranjero”.
En torno al NAICM, el cual atraerá más de 13 mil millones de dólares de inversión, López Obrador dedicó sólo dos líneas de sus discurso para reafirmar que lo va a cancelar. “Se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México”, expresó.
Se trata de un balazo en el pie porque la mayoría de los empresarios a los que les lanzó el anzuelo, como Carlos Slim y Olegario Vázquez, tienen participaciones en este megaproyecto de infraestructura. Y en lo que respecta a la reforma energética, una de las más ambiciosas en términos de inversión extranjera, otros, como Ricardo Salinas Pliego, también tiene intereses.
El empresario regiomontano Alfonso Romo, colaborador y estratega económico de AMLO, ha tenido que salir a enmendarle la plana diciendo que se “negociará” con quienes ya hayan invertido en el NAICM, y sobre la reforma energética asegura que no toda va a echarse por la borda. El problema es que, al no tener certidumbre de lo que va a pasar, lo más probable es que los empresarios y los inversionistas se inclinen por otro candidato.
Gabinete económico. Ayer, AMLO presentó al gabinete que lo acompañará en caso de ganar la Presidencia el próximo año.
Para la Secretaría de Economía propuso a Graciela Márquez Colín, una doctora en Historia en Harvard, autora de artículos sobre política comercial y desarrollo económico. Un punto en contra es que no tiene experiencia en el sector público. Esta cartera será muy relevante en 2019, porque tendrá que lidiar con la puesta en marcha de las nuevas políticas comerciales emanadas de la renegociación del TLCAN o bien deberá fortalecer y aumentar los tratados comerciales con otros países si se rompe.
En la Secretaría de Hacienda, que también será fundamental para hacer frente a la reforma fiscal de Estados Unidos, propuso a Carlos Urzúa Macías, doctor en Economía por la Universidad Wisconsin y ex secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal. Su desventaja es que no es conocido en el ámbito financiero internacional y que su experiencia ha sido más bien académica.
Para la Secretaría de Energía postuló a Rocío Nahle, ingeniera petroquímica, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Nahle ha sido una de las legisladoras más aguerridas en contra de la corrupción que hay dentro de Pemex, especialmente en el caso Odebrecht. Su posición será estratégica para intentar limpiar a la empresa productiva del Estado, pero queda duda sobre qué hará con las multimillonarias inversiones de empresas extranjeras y nacionales que se dieron con la reforma energética, así como qué rumbo le va a dar a este sector.
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