Transparencia, pilar fundamental de la reconstrucción

Comienzo con la pregunta que planteó la Métrica de Gobierno Abierto de este año, con el único cambio de la palabra ciudadano por damnificado.

¿Qué tan factible es que un DAMNIFICADO obtenga información oportuna y relevante para tomar decisiones?

Agrego dos preguntas más:

¿Cuáles son las necesidades de información de los afectados y cómo las atiende cada nivel de gobierno?

¿Cómo el Sistema Nacional de Transparencia está coordinando los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el proceso de reconstrucción que establece su mandato?

Para dar respuesta a estas preguntas es indispensable que el Sistema Nacional de Transparencia se active, poniendo a los ciudadanos por encima de cualquier interés.

No debemos inventar el hilo negro. Así lo planteamos en Nosotrxs: usemos las leyes y las instituciones que ya tenemos para salvaguardar nuestros derechos. En este caso, en atender de manera ágil y oportuna a todos y cada uno de los damnificados no sólo para reestablecer sus condiciones de vida previas, sino para darles un nuevo aliento y, sobre todo, para regresarles la confianza al demostrar que nuestras instituciones sí pueden funcionar.

Comparto tres ideas clave:

1. La transparencia es fundamental, pero no es suficiente: requerimos coordinación, un diagnóstico compartido confiable, planeación y mucha, mucha, comunicación.

2. El Sistema Nacional de Transparencia no sólo debe impulsar transparencia y acceso a la información pública, debe exigirla.

3. Nosotrxs propone la integración de un Fondo Único de Reconstrucción Nacional, el cual resuelve problemas de acción colectiva, evita duplicidad de acciones, maximiza el uso de recursos, facilita la transparencia y potencia una rendición de cuentas efectiva.

Ahondo en cada uno de ellos:

1. En materia de transparencia debemos entender las limitaciones que enfrentamos. Existen al menos cinco tipos de fuentes de financiamiento para la reconstrucción (nacionales, estatales, internacionales, privadas y de partidos políticos), a los cuales se suman las donaciones en especie, en apoyo técnico y en las acciones que ya realizan múltiples actores de la sociedad civil de diagnóstico, planeación, seguimiento, atención a damnificados y vigilancia.

Únicamente los fondos públicos son sujetos obligados en materia de transparencia. A pesar de ello, ninguno presenta estrategias de rendición de cuentas en tiempo real. No es suficiente firmar un convenio de colaboración con un fideicomiso privado como el Fuerza México. Ello obligaría, de hecho, a firmar convenios de colaboración con todos los fondos privados que se han constituido. El camino deber ser distinto.

Únicamente organizaciones de la sociedad civil han ofrecido transparencia en tiempo real, las cuales, malamente, no cuentan con información cotidiana precisa sobre los avances. Los fondos con reglas de operación establecen la entrega de informes trimestrales de gasto e información limitada, muy limitada, del censo de daños y de los padrones de beneficiarios.

No sólo eso: los reportes de años anteriores de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el FONDEN han probado su ineficiencia en transparentar la información y en gastar los recursos de manera honrada y eficiente. Tan solo como ejemplo, la SEDATU no realizó la reconstrucción de viviendas con recursos autorizados en abril de 2015 para Veracruz por $14,448,000 de pesos.

Requerimos coordinación, un diagnóstico compartido confiable, planeación y comunicación.

La coordinación entre múltiples actores no se establece de manera clara en las reglas de operación de los fondos que cuentan con ellas; únicamente se hace referencia a coordinación intergubernamental e interinstitucional. La coordinación con actores múltiples se realiza de manera informal por medio de gobiernos locales directamente o por medio de instituciones de banca de desarrollo cuando éstas administran fondos.

Los fondos con reglas de operación esbozan un diagnóstico previo a la asignación de recursos, sin embargo, la cuantificación de daños y costos en los diagnósticos actuales es subjetiva, pues se realiza por cada autoridad local de manera independiente, lo cual genera incentivos perversos para reportar más daños que se traduzcan en más recursos. Además de ello, los fondos privados no realizan diagnósticos con rigor metodológico, al contrario, entregan apoyos con base en información publicada en medios de comunicación o algunas fuentes oficiales –cuando éstas se hacen públicas-.

En términos de planeación, los mecanismos no parten de un diagnóstico común, confiable e integrado en conjunto con la comunidad afectada y con los damnificados. En algunos fondos o fideicomisos no existe un proceso de planeación definido en reglas de operación. A partir de estos insumos limitados, se integra una planeación lineal, es decir, se resumen en integrar lo perdido con recursos limitados que no cubren el valor real de los bienes perdidos. La planeación no sólo está dispersa, sino que, al menos el FONDEN, FONREC y FONADEN-CDMX no contemplan la participación de actores de la sociedad civil que pueden agregar valor en la planeación.

En términos de comunicación, ésta tiene orígenes y fuentes distintas para los afectados, según sea el fondo, el programa, el momento o el área en la que se encuentre. La comunicación del gobierno federal es nacional, no baja al máximo nivel de detalle que requiere la atención de casos individuales en cada zona afectada del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil esta función recae sobre el Centro Nacional de Comunicaciones, CENACOM, sin embargo, ésta es nacional. Asimismo, la información sobre las acciones, avances y uso de recursos se comunica, en grandes renglones, sólo para los fondos con reglas de operación o que el Gobierno de la República considera relevantes vía su plataforma de Transparencia Presupuestaria.

2. Por todo ello, el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) no sólo debe impulsar transparencia y acceso a la información pública, debe exigirla. Es la instancia encargada de coordinar los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Hoy México los necesita .

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es parte del SNT y es la institución con mayor capacidad en el país para levantar censos, ¿por qué no activarla en estos momentos que tanto se requiere?

El INAI y los Organismos Garantes de las Entidades Federativas impulsaron la Métrica de Gobierno Abierto. Si hace unos meses esperaban, de acuerdo con sus propias conclusiones, contar con una población exigente que demandara información, hoy la tenemos presente y activa. Un gobierno abierto requiere que la información que transparenta sea realmente útil para el ciudadano, y que los mecanismos de participación permitan efectivamente involucrarse en las decisiones de sus gobiernos. Hagamos valer el esfuerzo y construyamos una sociedad informada y participativa.

3. Un Fondo Único de Reconstrucción Nacional permitirá saber quién aportó cada peso, cómo se planeó su ejercicio, cómo se involucró la población afectada, quién lo ejerció, cómo se ejecutó y qué resultados se entregaron a la población afectada.

El Fondo es una salida ágil que regula y coordina esfuerzos y recursos multiactor al aprovecharlos y desplegarlos a su máximo potencial en arreglo a principios de gobierno abierto. Además, Concilia rápidamente intereses políticos y económicos dispersos; y dada la coyuntura electoral, suma a todos los actores y reduce el riesgo, de usar los instrumentos actuales con fines político electorales. Un fondo único probó ser efectivo en los terremotos de Indonesia en 2004, en Chile de 2010 y en Japón en 2011.

El Fondo Único se integraría por un Comité Técnico que administra los fondos y coordina la planeación, las acciones y el uso de recursos. Coordinado por un cuerpo de profesionales con experiencia administrativa, de indiscutible autoridad moral y sin filiaciones partidarias. Estas personas deben ser elegidas en un proceso abierto, transparente y ágil.

El Fondo Único es la oportunidad para reconstruir nuestras relaciones democráticas y sociales, para incorporar en los procesos de decisión a ciudadanos y grupos que agregan valor en dichos procesos, para concebir una nueva forma de cohabitar el espacio público, sin exclusión y con transparencia. Es la oportunidad para subsanar la ausencia o, al menos, la ineficiencia de nuestras autoridades. La corrupción, en los desastres naturales, expone su lado más amargo. El Sistema Nacional de Transparencia debe detonar todo su potencial. Nosotrxs seremos siempre un aliado. Nos mantenemos con el puño en alto, con el que seguiremos exigiendo que se cumpla la ley, que las instituciones funcionen y que respeten nuestros derechos.