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La agenda TELECOM 2018-2024

Hay cuestiones clave en las que quien gane la Presidencia deberá fijar rumbo. Si el nuevo Presidente tiene o no la mayoría en el Congreso, eso modificará el plan de acción en todas las materias.
21/05/2018
01:56
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Revisando las propuestas que los candidatos a la Presidencia de la República han presentado y declarado, así como las plataformas electorales de los partidos políticos que están en el sitio del INE, no sabemos con exactitud cuál será su política específica en el sector. Hay cuestiones clave en las que quien gane la Presidencia, deberá fijar rumbo. La variable legislativa también es fundamental. Si el nuevo presidente de México tiene o no la mayoría en el Congreso de la Unión, eso modificará el plan de acción en esta materia y en todas.

Hay, en mi opinión, cinco ejes del sector de las telecomunicaciones (y radiodifusión) en los que tendrán que fijar su política pública por acción o por omisión:

1. Instituciones. La existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, concebido como un órgano constitucional autónomo, es decir, que no pertenece a ninguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), puede resultar incómodo para el nuevo entrante, sobre todo si no es Meade. El modelo institucional que elijan, será uno de los temas más relevantes. El respeto a la autonomía del IFT o no; los alcances de las atribuciones de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT y su relación con el Instituto; el papel de Telecomm en el tema de la política satelital y de la red troncal de la CFE; la agresividad de la Profeco en la protección a los consumidores y si se mantendrá la doble ventanilla con el IFT; el órgano de radiodifusión del Estado Mexicano, la política de la Secretaría de Hacienda en las contraprestaciones por el espectro radioeléctrico, si privilegiará la recaudación u otros aspectos como la cobertura o la inversión en infraestructura; la intervención de la Secretaría de Gobernación en los contenidos audiovisuales de radio y televisión y la protección de las audiencias; quién se encargará de la estrategia digital, si seguirá estando en la Presidencia de la República o si habrá otro órgano que coordine estos esfuerzos, son algunas de las definiciones institucionales que deberán hacerse.

2.Derechos fundamentales. Diversos derechos fueron incluidos en la reforma constitucional de 2013 y otros ya estaban.

Los derechos de las audiencias y usuarios de las telecomunicaciones, la libertad de expresión, los derechos de autor, la privacidad, el derecho a que los pueblos indígenas y las comunidades tengan sus propios medios de comunicación, el derecho a la banda ancha, entre otros, presentan retos diversos y algunos inatendidos que podrían ser retomados o sepultados por la próxima administración.

El gobierno entrante deberá tomar decisiones sobre el gasto en propaganda gubernamental y la nueva Ley de Comunicación Social, la cobertura social, la brecha y la alfabetización digitales, la conectividad, el apoyo a los medios públicos de comunicación, si protegerán a las audiencias y suscribirán la contrarreforma a la ley en esa materia, el equilibrio entre derechos de autor y libertad en la red, entre otros.

3.Convergencia, competencia e infraestructura. Esto no se reduce a definir si se debe dejar a Telmex prestar servicios de televisión o no, otros temas como la preponderancia, la dominancia en televisión de paga, la política espectral, la competencia en radiodifusión, entre otros, podrían querer ser modificados por el próximo gobierno vía reformas legislativas o decisiones ejecutivas.

Otras determinaciones específicas y muy importantes como la de la neutralidad de la red, también deberán tomarse dentro del marco de la próxima administración. Por eso es muy relevante el eje institucional, porque si somos estrictos, estos son temas le competen únicamente al IFT, pero sería irreal pensar que no tendrán definiciones sobre todo esto los nuevos gobernantes y legisladores, máxime que atañe a los medios de comunicación, que tienen un gran poder político, y a grandes inversiones en infraestructura en materia de telecomunicaciones.

4. Agenda digital nacional. Si entramos al sitio mexicodigital en el de gob.mx, encontramos que, según ellos, la estrategia lleva un avance de 94%, una tomadura de pelo, muchos documentos y poca implementación. Alejandra Lagunes se comió el sexenio quedando mucho a deber, con un enorme costo de oportunidad y, de premio, será senadora por el Partido Verde, pues está en el número uno de su lista plurinominal. El próximo gobierno habrá de redefinir el proyecto y quién lo llevará a cabo.

Otros temas como la manipulación de la información a través de la plataforma web homologada conocida como gob.mx debe ser modificada, no es un proyecto transparente ni accesible, es un verdadero horror navegar por gob.mx. Habrá mucho que definir sobre conectividad, e-gobierno, ciberseguridad, teletrabajo, ciudades digitales, telesalud, expediente clínico, economía digital, protección a la privacidad, entre muchos otros. Vamos tarde.

5. Proyectos especiales. La red compartida que actualmente desarrolla el consorcio Altán en la banda de 700 MHz, junto con el organismo descentralizado creado ad hoc PROMTEL, es un proyecto constitucional y ya asignado mediante un proceso licitatorio. Sin embargo, aquí pudiera existir la idea de modificar el proyecto o dejar de apoyarlo como hasta ahora, o bien darle continuidad.

La red troncal de la CFE y México Conectado, tal y como están pensados, son otros de los proyectos que podrían ser modificados. A estos debemos sumar nuevas ideas que pudieran tener los gobiernos entrantes; por ejemplo, en el Proyecto de Nación 2018-2024 de AMLO, se establece la posibilidad de otorgar concesiones sociales en las bandas de 700 MHz, 1.7, 1.9 y 2.5 Ghz cuando los operadores no las usen y no den cobertura en ciertas regiones, otorgando concesiones sociales a comunidades y ongs, esto se llevaría a cabo con apoyo de un fondo de cobertura de banda ancha. Y así hay otras ideas.

¿Qué continuidad dará el nuevo gobierno al proyecto de telecomunicaciones que ha sembrado el país en los últimos seis años? ¿harán cambios de fondo y estructurales o de maquillaje?

¿Mantendrán el esquema institucional que tenemos o lo modificarán jurídicamente o de facto? Las plataformas y propuestas que leemos no responden todo esto que he planteado.

*Presidenta de Observatel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, académica de la Universidad Iberoamericana. Este artículo refleja la posición personal de la autora.
Twitter @soyirenelevy
Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora y no necesariamente de Observatel. [email protected]

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