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Con bombo y platillo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó ayer el Estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017, que revisa el avance y retos que tiene nuestro país en este sector a partir de la reforma constitucional de 2013. El documento parte de las 31 recomendaciones que había hecho la OCDE a México en 2012, de las cuales 28 se han solventado exitosamente: apertura a la inversión extranjera directa a 100% en telecom, eliminar la suspensión de los actos de autoridad en los amparos, simplificar la entrada de operadores móviles virtuales, dar facultades al regulador para imponer la separación funcional de los agentes dominantes, etc. Interesante que las tres recomendaciones que aún no se cumplen completamente no caen en la cancha del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino en el Ejecutivo y el Legislativo: (1) modificar el marco jurídico para fomentar la compartición de infraestructura y eliminar barreras para obtener derechos de vía, (2) el gobierno debe aclarar su política de servicio universal —llevar los servicios a todos los mexicanos— y articular de manera explícita los planes sobre cómo implementarla de manera efectiva, y (3) se deben levantar todas las restricciones en cuanto a la propiedad extranjera sobre las radiodifusoras mexicanas.
Pero la OCDE también señala los retos que aún tenemos como país en este divertido sector. En materia de competencia apunta, entre otras cuestiones, que aún existe una brecha preocupante relacionada con la regulación aplicable al agente preponderante en el mercado de las telecomunicaciones. Observa que la separación funcional de América Móvil, mediante la creación de una nueva empresa mayorista, es una buena medida pero que será importante que la industria en su conjunto esté representada en ella y sea escuchada por los miembros del consejo directivo de esa nueva empresa. Después de la implementación exitosa de la separación funcional, dice la OCDE, el IFT debe evaluar la entrada de Telmex en el mercado de televisión de paga lo antes posible (p. 35).
Algo que los Senadores deben leer en este estudio, por aquello de que está pendiente de votación la contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que le quita facultades al IFT en materia de derechos de las audiencias, es que la OCDE opina que la triple ventanilla Segob-Ssa-IFT, genera disputas en temas como derechos de las audiencias. Para la OCDE, es necesario resolver estos conflictos y para ello propone reforzar la función del Instituto en materia de contenidos audiovisuales tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones (tv de paga), tomando en cuenta su misión como regulador convergente, manteniendo la colaboración de otras dependencias sólo para temas específicos, como salud y derechos de autor (págs. 64-65). ¡Quiúbole! ¿Entenderán esto l@s senador@s?
El famoso artículo noveno transitorio de la LFTR, que permite la concentración de empresas no preponderantes sin requerir autorización, despoja al IFT, según la OCDE, de sus facultades previas para evaluar las concentraciones —lo mismo pasó en tarifa cero de interconexión, por eso la Suprema Corte resolvió que el Congreso había despojado al Instituto de la atribución de regular asimétricamente—. Además, dice la OCDE, el noveno transitorio es una medida innecesaria e incluso anticompetitiva que codifica una falta de confianza en el IFT. El marco jurídico debería permitir que el Instituto ejerza su autoridad en todos los casos. (pág. 37).
Estos son algunos puntos relevantes del estudio de la OCDE que amerita profundo análisis. Los discursos también reflejaron un apoyo a la gestión del Instituto y ovación a la reforma. En el evento hablaron Andrew Wyckoff, director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE; el secretario Ruiz Esparza; Gabriel Contreras, presidente del IFT, Mónica Aspe, representante de México ante la OCDE y Gabriela Ramos, directora y sherpa de la OCDE, quien señaló que es crucial preservar la autonomía del IFT, y si el Senado no define el futuro de la presidencia de este órgano antes del 10 de septiembre sería hacer lo contrario.
